Trascendió ayer que el juez Griesa activó un embargo contra el país por u$s 310 millones. Es cierto que la decisión judicial sólo entra en vigencia en 2023 (es cuando la Argentina puede recuperar parte de la garantía existente para bonos Brady que vencen en esa fecha), y por ello no había preocupación en el Ministerio de Economía en este sentido. Pero es la primera oportunidad que Griesa falla y embarga al país. Antes fueron pedidos planteados por fondos buitre y que el juez de Nueva York rechazaba y terminaban en la Cámara de Apelaciones. En esta última instancia está, por ejemplo, el embargo a más de u$s 100 millones de reservas del Central capturadas al momento del pago de la deuda total al FMI en enero. Pero Griesa lo había rechazado, y la Cámara seguramente hará lo mismo. En el caso conocido ayer, es el primer embargo concreto. Debería ser muy pesimista la visión sobre el país para que antes de 2023 no haya un acuerdo con 100% de los bonistas con papeles en default.
Un tribunal de Nueva York ordenó ayer embargar a la Argentina en u$s 310 millones, al hacer lugar a una demanda iniciada por ahorristas afectados por el default, de los cuales casi la mitad son italianos. El problema, sin embargo, es que la Justicia no encuentra activos del país en el exterior que puedan ser embargados.
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Al mismo tiempo que trascendía este fallo en contra de la Argentina, el tribunal arbitral del Banco Mundial (CIADI) le confirmó al procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, que un grupo de ahorristas se presentó demandando a la Argentina por el default. «Por ahora, sólo recibimos un mail. Estamos esperando conocer de manera completa el texto de la demanda», señalaron fuentes del organismo.
La medida judicial que trascendió en Estados Unidos favorece a cientos de ahorristas de 13 países, quienes iniciaron una demanda contra la Argentina por la falta de pago en que incurrió en 2001 en relación con los bonos de la deuda.
La información se difundió a través de una nota distribuida por los estudios legales Dreier (norteamericano) y Rosita Vago (argentino), quienes representan a los bonistas.
Según el comunicado de los estudios, en agostopasado el juez Thomas Griesa dispuso en una causa iniciada por 600 tenedores de bonos (representadospor Dreier), el secuestro de garantías colaterales para los bonos Brady, Par y Discount, en manos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.
Rechazo
Por su parte, el estudio Dreier Lpp representa a más de 800 inversores de bonos individuales ante la Corte del Segundo Circuito de Nueva York. Además, fue el primer estudio legal que patrocinó una causa contra el gobierno argentino teniendo como objeto el default de los bonos.
En cuanto a la presentación ante el CIADI de bonistas italianos -que encabeza Nicola Stock, de Task Force Argentina-, el primer paso que dará el gobierno argentino es rechazar la jurisdicción. «De ninguna manera es un tribunal para pedir una indemnización ante un evento de cesación de pagos», señalan los abogados argentinos. En Washington deberán definir, en primer lugar, por lo tanto, si se trata de un tribunal competente para resolver la demanda o directamente se rechaza el pedido. Hasta ahora, todos los juicios en contra de la Argentina se venían realizando en las jurisdicciones correspondientes a la plaza de emisión de los títulos (Buenos Aires, Nueva York, Francfort o Tokio, por ejemplo).
