El titular de la AFIP, Alberto Abad, dijo ayer que «hay monotributistas que tienen inmuebles que valen $ 500 mil y no presentaron jamás una declaración de Impuesto a las Ganancias», luego de que un relevamiento del organismo realizado sobre 1.200 propiedades que superan los $ 500 mil detectó «inconsistencias» en 67% de los casos.
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La polémica se dio a raíz de una disposición de la AFIP que obliga a los administradores de consorcios a informar los datos de quienes tengan departamentos de más de 100 metros cuadrados y paguen mensualmente un mínimo de $ 600 de expensas. También deberán hacerlo los propietarios de terrenos de más de 400 metros cuadrados en countries, y más de $ 400 en impuestos.
Abad sostuvo además que las nuevas disposiciones de la AFIP no producirán un aumento en las expensas y agregó que «no estamos inventandocosas raras». La información que deberán entregar los consorcistas será su número de documento, CUIT, CUIL, la superficie cubierta y el monto de las expensas que pagaron en los últimos seis meses.
Críticas
En caso de tratarse de un edificio, la información sobre propietarios o inquilinos con esas características será solicitada al administrador. Y como efecto de esa entrega se modificará el valor del Impuesto a los Bienes Personales de la persona que cumpla los requisitos para pagarlo.
Las críticas sobre estos pedidos que se oyen desde los organismos que representan a los propietarios e inquilinos tienen que ver con que la petición de esos datos implica una violación del derecho a la intimidad. Ante esos cuestionamientos, el administrador se defendió y sostuvo que «los restantes sectores de la economía cumplen con su tarea de brindar la información que se les pide, pacíficamente lo aceptan y nunca dicen nada».
La Federación Argentina de Consorcios (FAC) adelantó que enviará una nota a la AFIP para que la información solicitada se restrinja a aquellos que posean cinco inmuebles o más. Para el titular de esta organización, Marcos Bergenfeld, «la AFIP tiene derecho a recabar información de los administradores, quienes también tienen derecho a decirle a la AFIP que el propietario se niega a proveérsela».
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