A pocos días de la salida de Alberto Fujimori, el gobierno de Perú firmó ayer los contratos de explotación, transporte y distribución del yacimiento de gas de Camisea con los consorcios multinacionales ganadores de los concursos realizados durante la gestión anterior. En esos consorcios tienen un rol protagónico las empresas argentinas Pluspetrol, cuya mayoría accionaria es del grupo español Repsol-YPF, y Techint. Camisea, que fue descubierto en 1988 en el departamento sur andino de Cuzco, es el mayor yacimiento de gas de Perú, con reservas calculadas en más de 13 trillones de gas natural y 600 millones de barriles de gas líquido. La explotación, transporte y distribución del yacimiento demandará una inversión calculada en tres mil millones de dólares.
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El consorcio que ganó la concesión para explotar el campo de gas es liderado por la empresa argentina Pluspetrol, e integrado por la estadounidense Hunt Oil y la coreana SK Group.
La concesión para el transporte y distribución le fue concedida a la compañía argentina Techint, que lidera un consorcio que integran la argelina Sonatrach, Plus-petrol y la peruana Graña y Montero. En los últimos días el gobierno peruano propuso el cambio de uno de los términos de los contratos, lo que fue aceptado por los consorcios con el objetivo de permitir aumentar los beneficios y las expectativas de los usuarios. Luis Ortiga, director del Comité Especial de Privatización de Camisea (Copri), especificó que la modificación se ha realizado en una cláusula referida al precio final del gas. La cláusula modificada establecía que esos precios tenían vigencia desde el momento de suscripción del contrato, y la nueva señala que los montos rigen desde la fecha de inicio de la extracción comercial.
El titular de la COPRI y ministro de Economía y Finanzas, Javier Silva Ruete, dijo que con la suscripción del acuerdo se culmina «uno de los mejores contratos» hechos por su país. Agregó que los tres mil millones de dólares que se requieren para la explotación del yacimiento es un monto que hace algunos años «era sólo un sueño» y mantuvo que el proyecto permitirá «dinamizar otras inversiones» como la industria petroquímica y la construcción. El ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera, aclaró que dejar de firmar el contrato hubiese significado prolongar cada año una balanza negativa de hidrocarburos, que llega anualmente a los 600 millones de dólares.
