En 5 años, AFJP compraron $ 17.700 millones en bonos

Amado Boudou

De los $ 31.000 millones de aportes netos de comisiones recibidos por las AFJP entre 2003 y 2008, 57% ($ 17.700 millones) fue destinado al financiamiento del sector público mediante la compra de títulos públicos y bonos del Estado posdefault, aseveró ayer el Instituto para el Desarrollo Social Argentino.

El informe divulgado indica que aproximadamente $ 12.000 millones, 40% del total, contribuyeron al financiamiento del sector privado nacional a través de acciones y obligaciones negociables de largo plazo, fideicomisos de consumo, plazos fijos y fondos comunes de inversión. Apenas 3% restante se consignó a la compra de activos en el extranjero.

A la luz de estas cifras, que demuestran que es el Estado quien absorbe la mayor parte del ahorro previsional, resulta cuestionable el argumento oficial de que la estatización de las AFJP protegerá a los futuros jubilados de los riesgos impuestos por la volatilidad del los mercados financieros.

El riesgo al que las AFJP exponen a los ahorros de los aportantes está asociado, en rigor, a la posibilidad de que el Estado incumpla con sus obligaciones de deuda. El informe de IDESA destaca que a fin de octubre, los fondos del régimen de capitalización se habían desvalorizado 25% respecto de su valor en diciembre de 2007, al tiempo que el riesgo-país subió de 400 a 1.787 puntos, es decir, las dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado argentino aumentaron 78%.

De esto IDESA extrae dos conclusiones: en primer lugar, los ahorros del régimen de capitalización difícilmente escapen a la desvalorización cuando se destinan en gran medida a financiar a un deudor de tan pobre credibilidad; en segundo lugar, es improbable que el régimen de reparto aporte más robustez y protección a fondos que serán administrados por aquel deudor con credibilidad en baja que ya les hizo perder 25% de su valor. En rigor, la ANSeS a cargo de Amado Boudou.

Incertidumbre

Jorge Colina, investigador jefe de IDESA, considera que un Estado insolvente por su incapacidad para cobrar impuestos eficientemente y asignar el gasto inteligentemente, siempre genera incertidumbre en el mercado y ésta no sólo abarca los títulos públicos, sino que se extiende los papeles de las empresas privadas.

A falta de reglas de juego racionales y creíbles, la incertidumbre es inevitable e impide que los ahorros de los argentinos se canalicen hacia la inversión productiva. El investigador explica que, por esta incertidumbre debida a la conducta del Estado, no funcionan los mecanismos de ahorro en moneda doméstica y la alternativa es, entonces, la fuga masiva de los ahorros al exterior.

Sinceramiento

«En este momento de crisis se espera que el gobierno salga a gastar para mantener la actividad,pero la Argentina no está preparada para un sobregasto. Habría que sincerar el tema de los subsidios, que vuelva a funcionar el sistema de precios, y modificar la estructura impositiva, que grava excesivamente los factores productivos, desincentivando la producción», sugiere Colina. En este sentido, recomienda la reducción de los impuestos al trabajo para proteger el empleo.

Si el problema pasa fundamentalmente por la « insolvencia estructural» de un Estado que sostiene el desequilibrio crónico en sus cuentas a través de la apropiación del ahorro privado, entonces el cambio en la organización del sistema previsional no sería otra cosa que un nuevo avance en una sucesión de expropiaciones que antes afectó a los depósitos bancarios y a la deuda pública en default.