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30 de enero 2008 - 00:00

Europa protege al que baja música

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La Justicia europea rechazó ayer una demanda presentada por la Asociación de Productores y Editores de Música de España (Promusicae) contra la empresa Telefónica, a la que le exigía que revelara los datos de los usuarios que bajan música de la Web ilegalmente. Se trata del primer fallo a favor de quienes descargan canciones on line en sitios no autorizados por las discográficas, que puede convertirse en un importante precedente a nivel mundial ante futuros juicios.

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea -con sede en Bruselas- no aceptó la denuncia proveniente de la Justicia española argumentando que «el derecho comunitario no obliga a los Estados miembros a divulgar datos personales con objeto de garantizar la protección efectiva de los derechos de autor, en el marco de un procedimiento civil».

Hace poco, Promusicae habíapedido a Telefónica -que en España es la principal proveedora de servidores de Internet- los datos de los clientes que habían descargado música on line a través del programa Kazaa. La entidad ya había identificado mediante las direcciones IP -un código interno de cada PC que permite rastrear la ubicación del usuario-quiénes eran los usuarios en cuestión y con la información que debía entregar la empresa, efectuar denuncias en contra de los « piratas».

Sin embargo, el grupo español de comunicaciones se negó a brindar tales datos y aseguró que -de acuerdo con la legislación de España- sólo estaba autorizada a entregarlos en el marco de una investigación penal, por cuestiones de seguridad pública o de defensa nacional. Así fue como Promusicae decidió acudir a la Justicia española, que falló a su favor, aunque al apelar ante el Tribunal superior, éste revirtió la sentencia a favor de Telefónica y, sobre todo, de quienes bajan música de la Web.

El fallo aclara que los países de la Comunidad Europea «deben basarse en una interpretación que garantice un justo equilibrio entre los distintos derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico comunitario, a la hora de adaptar su legislación en materia de propiedad intelectual y de protección de datos personales».

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