Tras haber acordado con 10 petroleras privadas la continuidad de la operación, el gobierno boliviano se apresta ahora a redactar los detalles técnicos correspondientes a cada una de las áreas. Por otra parte, según dijo ayer el presidente de YPFB, Juan Carlos Ortiz, la labor se centrará en conseguir que la petrolera estatal obtenga el control de cinco compañías nacionalizadas a partir del decreto dictado el 1 de mayo.
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Tras la suscripción de los contratos de operación con 10 petroleras durante el último fin de semana, YPFB prevé cerrar en las siguientes «semanas o meses» los nuevos acuerdos, indicó Ortiz. La nacionalización dispone que YPFB controle las empresas mixtas Transredes, Chaco y Andina, donde el Estado posee entre 34% y 48% de las acciones, así como de Petrobras-Refinación y la Compañía Logística de Hidrocarburos.
Para eso, las autoridades acordaron pagar el valor de las acciones que necesitan para alcanzar 51% en cada una de las empresas. Según Ortiz, «es uno de los mandatos de la nacionalización y lo vamos a cumplir en las próximas semanas o meses».
Las empresas que controlan esas compañías son el grupo British Petroleum, en el caso de Chaco; Repsol YPF, en el de Andina; Shell y Ashmore, en Transredes; la cuarta es una filial de Petrobras, y la Compañía Logística de Hidrocarburos tiene capitales peruanos y alemanes.
Según el presidente de YPFB, el equipo del sector de hidrocarburos del gobierno, en los últimos 45 días se concentró en la redacción de los nuevos contratos, firmados por 10 petroleras entre el viernes y la madrugada del domingo pasados.
El sábado a la medianoche vencía el plazo establecido por el decreto de nacionalización para que las empresas pactaran nuevos contratos o abandonaran el país.
Tras la firma, Petrobras remarcó que su acuerdo no incluye a sus dos refinerías, ubicadas en la ciudad central de Cochabamba y en la oriental de Santa Cruz, y que adquirió en licitación en 1999.
Opciones
En las primeras conversaciones sobre las refinerías, Petrobras expuso al gobierno boliviano que desea mantener el control o vender la totalidad de sus acciones.
La controversia sobre las dos plantas, que llegó a una confrontación entre los gobiernos de La Paz y Brasilia, derivó el 15 de setiembre pasado en la dimisión del anterior ministro boliviano de Hidrocarburos, Andrés Soliz.
Con la petrolera brasileña también queda pendiente la negociación para fijar el nuevo precio del gas boliviano exportado a Brasil, que actualmente es de cuatro dólares por millón de unidad térmica británica (BTU), un dólar menos que el pagado por la Argentina.
Por otra parte, el ministro de Minas y Energía de Brasil, Silas Rondeau, dijo ayer que todavía falta mucho tiempo para que haya nuevas inversiones de Petrobras en Bolivia.
Detalló que el acuerdo suscripto «asegura inversiones en mantenimiento para garantizar la producción, lo que interesa a Petrobras y al gobierno brasileño, ya que el país tiene un contrato de importación por 30 millones de metros cúbicos por día».
Rondeau también señaló que las negociaciones sobre el precio del gas boliviano exportado a Brasil, que está previsto terminar el 10 de noviembre, deberán ser prorrogadas nuevamente.
Según la interpretación de Brasil, la revisión del precio del gas no sería necesaria porque el producto fue reajustado recientemente por las cláusulas de ajuste del contrato actual. En cuanto a las refinerías sobre las que YPFB quiere tener el control, Petrobras pretende una indemnización.
