Diego Coatz, director de la consultora I+D, advierte que no se contemplan compromisos para crear redes de proveedores locales, ni hay programas de transferencias de tecnología.
Afirman que el Super RIGi puede generar un grupo de empresas fiscalmente muy banaficiadas con una mayoría que perjudicada con altos impuestos.
El principal programa de incentivo a las inversiones que tiene el gobierno libertario, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y su primo el Super RIGI, no solo es cuestionado por la oposición política del Congreso, sino que también es objeto de advertencias de empresarios y consultores. Economistas liberales como Roberto Cachanosky aseguran que "traiciona" el fundamento de que no debe haber sectores o empresas beneficiados desde el Estado.
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La semana pasada la Unión Industrial Argentina (UIA) en su reunión de Junta Directiva, analizó las consecuencias del programa. Allí se discutió una propuesta realizada por la entidad antes Diputados para que las empresas beneficiarias estén obligadas a desarrollar una red de proveedores locales. Piden un 20% pero que ese porcentaje no incluya a los empresas que de una u otra manera, van a ser proveedoras por una cuestión natural, por ejemplo, una proveedora de energía, o de catering.
Para algunos analistas se corre el riesgo de que el RIGI solo beneficie proyectos de minería o energía meramente extractivistas sin que ello sirva para generar una interrelación con el resto de la economía.
La otra cuestión se centra en los grandes beneficios que tienen las empresas. El director de la consultora I+D, Diego Coatz, hasta hace poco director Ejecutivo de la UIA, señala al respecto que "el debate no es inversiones sí o inversiones no". "Argentina necesita grandes inversiones y sectores estratégicos del futuro. Pero el Súper RIGI, tal como está planteado, tiene un problema de diseño y un problema de timing", explicó.
En cuanto a los problemas de diseño indica que las empresas reciben "muchos beneficios y pocas condicionalidades". "El régimen otorga beneficios tributarios, cambiarios y regulatorios muy fuertes para sectores y proyectos todavía poco claros", indicó. Coatz sostiene que "a cambio, exige poco en materia de proveedores locales, transferencia tecnológica, empleo, I+D y articulación con universidades o el sistema científico".
"Para ese nivel nulo de condicionalidades, los beneficios son excesivos", afirma el economista.
Coatz agrega que "el Súper RIGI genera un régimen excepcional con mucha opacidad en los proyectos que podrían estar ingresando, mientras el resto de la economía real sigue operando con alta carga tributaria, alto costo financiero y problemas de competitividad".
"El riesgo es consolidar tres Argentinas tributarias: una Argentina muy beneficiosa para grandes inversiones externas; una segunda Argentina mucho más pesada para la industria, el comercio, la construcción y las PyMEs con una elevada presión formal que hoy sostienen al fisco; y una tercera Argentina cada vez más grande, vinculada a la economía informal, y que hoy abarca a casi el 50% de las personas", advirtió.
El director de I+D señala además que el super RIGI tiene un problema de timing: "Antes que un Súper RIGI, hace falta un Súper RIGI para proveedores. Hoy los proveedores vinculados al RIGI original no están creciendo (las industrias de bienes de capital cayeron 6,8% interanual en mayo)", advirtió.
El consultor indicó que la prioridad debe ser "fortalecer el ecosistema de proveedores para que Vaca Muerta, minería, energía, infraestructura y nuevos proyectos generen un hub productivo y exportador alrededor de las grandes inversiones". Eso dice, "debe derramar en lugar de ser un enclave".
El exministro de Economía, Domingo Cavallo, la Fundación Mediterránea y referentes industriales cuestionaron el esquema por profundizar excepciones en una economía plagada de distorsiones. La crítica ya no apunta únicamente al costo fiscal de los beneficios, sino a la proliferación de regímenes especiales que generan parches sectoriales, no modifican las reglas generales de juego y mantienen un elevado grado de discrecionalidad por parte del Poder Ejecutivo. “Es un error otorgar privilegios a ciertos sectores en lugar de buscar un tratamiento igualitario para toda la economía”, sostuvo Domingo Cavallo.
Precisamente, el ultimo Staff Report del FMI sobre Argentina plantea la necesidad de mejorar los ingresos del Estado mediante la eliminación del gasto tributario. Si bien lo que se destaca es una propuesta para asimilar el Monotributo al Impuesto a las Ganancias, el documento también considera necesario ir despejando el escenario tributario argentino de programas especiales. El Fondo considera que se podría obtener un ahorro de 0,4% del PBI por la eliminación de excepciones de impuestos por el tratamiento de zonas económicas especiales. Allí figura el programa de fomento a la industria electrónica de Tierra del Fuego.