Finalmente Duhalde firmaría decreto con suba en luz y gas
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Media hora más tarde ante periodistas en la Casa de Gobierno, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, afirmó que «no está prevista la firma de ningún decreto», y que «el gobierno aguarda un pronunciamiento judicial que permita retomar la convocatoria a audiencias públicas».
Como empresas de los países europeos son los principales accionistas de las privatizadas, el ministro necesita demostrar la voluntad del gobierno argentino de empezar a ajustar las tarifas, que están pesificadas y congeladas desde la devaluación. En este sentido, los gobiernos de España, Alemania y Francia se pronunciaron varias veces por la necesidad de que la Argentina respete los contratos firmados.
En apariencia, Lavagna sabe que la nueva norma puede terminar impugnada por la Justicia porque no se realizaron previamente audiencias públicas, pero cree que el decreto sería demostrativo de que existe convencimiento en el gobierno de empezar a reacomodar la situación de las privatizadas.
Anoche circuló una versión según la cual habría una especie de decrete «ómnibus» con subas para luz, gas y también agua y teléfonos. Sin embargo, en fuentes oficiales se aseguró que el DNU sólo será para las tarifas de luz y gas, porque la Justicia impidió la realización de las audiencias públicas para debatir esos servicios. Para la tarifa de Aguas Argentinas, en tanto, saldría posterior-mente un decreto autorizando un ajuste de tarifas dentro de una renegociación parcial del contrato para el período 2002-2003, incluidas las obras que la empresa deberá realizar obligatoriamente.
El decreto para luz y gas auto-rizará aumentos para la parte de la tarifa que corresponde a los sectores regulados. En gas, la tarifa está compuesta por el precio del gas en boca de pozo (que está desregulado pero hoy se mantiene congelado), que no se modificará porque se considera que las petroleras pudieron recomponer sus ingresos con otros productos, y la retribución de transportistas y distribuidoras que son las que percibirán los incrementos. Se calcula que una suba promedio de 10% en la tarifa final implica un aumento de 15% en los ingresos de las dos transportadoras y de otro 15% para las nueve distribuidoras.
En electricidad, la tarifa está compuesta por el precio de la energía que venden las genera-doras que no se modificará por ahora, y los márgenes para la transmisión y la distribución. En Capital Federal la incidencia de la transmisión en la tarifa es inferior a 1% y el margen de la distribución equivale a 30%.
Sin embargo, en esta oportunidad, sobre el ajuste de 10% en la tarifa, el aumento en la retribución para las empresas de transmisión será mayor a su actual incidencia en las tarifas. Se estima que las distribuidoras tendrán un incremento en sus ingresos de 20% y que la transmisión verá subir su remuneración en 10%.
Los aumentos que dispondrá el gobierno a través del DNU serán para todos los usuarios de gas del país, con excepción de los que menos consumen, que se estima son 25% del total.
La suba en electricidad, que exceptúa a los que consumen hasta 300 kilovatios por bimestre, afectará también a todos los usuarios del país pero sólo en lo que se refiere a transmisión, de modo que puede calcularse que en promedio por este concepto la tarifa eléctrica subirá alrededor de 3% en todo el país.
En cambio, el decreto no puede autorizar subas en las distribuidoras del interior del país que se encuentran bajo jurisdicción de los gobiernos provinciales. Las únicas distribuidoras que dependen del gobierno nacional son las que sucedieron a SEGBA: Edenor, Edesur y Edelap.




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