Economía: sin fondos para subir los salarios públicos

Comenzaron ayer las negociaciones en el Ministerio de Trabajo que terminarán, haya acuerdo o no entre empresarios y sindicalistas, con algún tipo de aumento salarial por decreto. Sin embargo, el Ministerio de Economía dejó en claro que este incremento sólo alcanzará al sector privado. Los empleados estatales no tendrán incrementos, ya que eso terminaría con el miniacuerdo con el FMI, a esta altura uno de los pocos activos que tiene Eduardo Duhalde para mostrar. Mientras tanto, los empresarios expresaron que no pueden absorber la incorporación de los 150 pesos a los salarios. Pero el gobierno dejará que durante cinco o seis semanas las partes discutan y luego decidirá que, como mínimo, los 150 pesos pasen a integrar los sueldos de los empleados del sector privado. Lo único que se puede negociar ahora es que el aumento no sea de 180 pesos como propone la CGT oficial, para que los empleados cobren 150 pesos de bolsillo.

"El Ministerio de Economía no tiene plata ni para analizar primariamente la posibilidad de aumentar los salarios de los empleados públicos.» Con estas palabras, un alto representante de la cartera que maneja Roberto Lavagna desactivó ayer la posibilidad de sumar a los empleados de la administración pública nacional los 150 pesos al salario. En estos casos, en realidad, se trataría directamente de un aumento salarial, ya que esa retribución se otorga únicamente a los más de 3,7 millones de empleados en relación de dependencia. Según la fuente, cualquier aumento en el gasto alteraría negativamente las metas firmadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el miniacuerdo de enero pasado.

Como contrapartida, el gobierno aceptará discutir que la incorporación de los 150 pesos, que hoy son «no remunerativos», pase de manera neta a los sueldos. Esto quiere decir que finalmente el incremento salarial podría llegar a los 180 pesos mensuales, sumando los gastos en aportes previsionales y a las obras sociales que realizarán los trabajadores en relación de dependencia. Sobre la continuidad de la doble indemnización, el Ministerio de Trabajo tomará una decisión en los próximos 15 días, que probablemente sea una prórroga del régimen por lo menos durante dos meses más.

• Conclusiones

Estas fueron las primeras conclusiones generales luego de la primera jornada de discusión entre los representantes de los empresarios y los sindicalistas, que ayer se cruzaron en la cartera que dirige Graciela Camaño. Hasta la sede del ministerio, y recibidos por la propia ministra, llegaron ayer por el bando empresarial Daniel Funes de Rioja, de la Unión Industrial Argentina (UIA); Osvaldo Cornide y Francisco Matilla de la Coordinadora, de Actividades Mercantiles Empresarias (CAME); Ovidio Bolo, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC); además de enviados de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Confederación General de la Industria (CGI) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). Los embajadores sindicales de la CGT oficial fueron Rodolfo Daer, Armando Cavalieri y Andrés Rodríguez. Tranquilos en la negociación, sabedores de que lo mínimo que conseguirán son más de 45 millones para sus obras sociales al incorporar los 150 pesos al salario nominal, que, como se sabe, ya es una decisión tomada por parte del gobierno. También participaron de la reunión los embajadores de la CGT rebelde de Hugo Moyano, Juan Palacios y Julio Piumatto, así como Víctor de Gennaro, de la Confederación de Trabajadores Argentinos (CTA). En general, la reunión de ayer se convirtió en una especie de «round de estudio» y de presentación de ideas, pero quedó en claro cuáles son las posiciones que las partes llevaron. Los empresarios coincidieron en que lo mejor es mantener la situación tal cual está hoy, con retribución de 150 pesos mensuales «no remunerativos», el fin de la doble indemnización desde marzo y que sea el próximo gobierno el que vuelva a discutir la política laboral. El portavoz de esta posición fue Funes de Rioja, que aseguró: «No creemos que haya elementos que permitan variaciones a tan poco tiempo de las elecciones». Osvaldo Cornide, que reiteró los reclamos de diciembre de 2002, cuando en la anterior versión de la «mesa» se reclamó que el aumento de 150 pesos se pueda tomar a cuenta de impuestos. A su turno, Bolo coincidió con Funes de Rioja y aconsejó no tomar decisiones hasta junio, cuando haya otro presidente, y deslizó la posibilidad de eliminar el IVA a los productos de la canasta básica si lo que se quiere es implementar una ayuda social, en lugar de sumar los 150 pesos al salario.

Vino luego el momento de los delegados gremiales. Los primeros en hablar fueron los hombres de la CGT oficial, que reclamaron la inclusión de los 150 pesos al salario básico de convenio, pero de manera neta para el trabajador, lo que llevaría la retribución a casi 180 pesos mensuales. Daer, Cavalieri y Rodríguez pidieron, además, que haya un pago adicional de emergencia de aproximadamente 100 pesos mensuales para abril y mayo. Los delegados de Hugo Moyano ratificaron la idea de reabrir el Consejo del Salario y que cada rubro discuta su propio aumento salarial, partiendo siempre de la inclusión de los $ 150 no remunerativos a los sueldos básicos. De Gennaro redobló la apuesta y no sólo pidió que se abra el Consejo del Salario, sino que, además, llamó a discutir toda la política económica del gobierno y el cambio de modelo «por uno que termine con la exclusión y cambie la redistribución del ingreso». Viendo hacia dónde derivaba la discusión, y proyectando lo que pueda llegar a pasar en las próximas jornadas, Camaño les pidió a las partes que no abandonen las negociaciones, más allá de que las primeras decisiones vayan en contra de las posiciones sectoriales primarias.