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Así especulan fuentes del Ministerio de Trabajo, que indicaron que «si no se veta la ley, sería positivo extender este mecanismo de negociación» y que, definitivamente, «la próxima gestión lo decidirá».
Este sistema de «arreglo» oficial de las deudas fue puesto en marcha por decreto el 6 de febrero, pero no tuvo mucha repercusión: desde esa fecha hasta la semana pasada se resolvieron 100 casos hipotecarios (sólo 10 con acuerdo) y se iniciaron unos 600 en todo el país -240 en el interior y 360 en la Ciudad de Buenos Aires.
Se estima que en total habría 16 mil ejecuciones por resolver, muchas de las cuales ya se negociaron en forma particular con bancos y acreedores particulares o bien ya salieron no bien se pudo volver rematar -a partir del vencimiento de la tercera suspensión que ocurrió el 3 de febrero.
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