En medio de presiones, el gobierno enfrenta ahora la dificultad de reglamentar la Resolución 1.281 de la Secretaría de Energía, conocida a principios de este mes. Es la norma que obliga a los grandes usuarios que consumen más de 300 kilovatios de potencia a buscar electricidad fuera del sistema nacional para el consumo que supere el registrado durante 2005.
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En medios empresarios, se estima que la única forma de estimular la contratación de fuentes alternativas es aplicar castigos de tal magnitud que sea más conveniente conseguir equipos de autogeneración o recortar el consumo, antes que entrar en exceso con respecto a 2005.
Sin embargo, la aplicación de una penalización que presumiblemente sería equivalente a duplicar el valor actual de la energía para la parte consumida de más por los grandes usuarios no parece factible dentro de las formas de desenvolverse del gobierno.
Pedido
En primer lugar, por el efecto psicológico de un aumento de 100% en la tarifa eléctrica, aunque sea para el exceso sobre 2005 que registren unos 5.000 grandes consumidores. En segundo lugar, por los posibles reclamos empresarios que se desatarían por los precios.
Por lo pronto, la industria ya hizo saber que también debe pedirse a los usuarios domiciliarios que ahorren, lo que significa de alguna manera reclamar que se reparta el costo de la crisis energética. Es también una manera de pedir que el Estado pague parte o todo el costo de la nueva generación.
Por otra parte, el gobierno se enfrenta con problemas técnicos. Hasta ahora, en los llamados contratos interrumpibles de electricidad, la empresa distribuidora se comunica con el cliente para avisarle que debe desengancharse de la red eléctrica, porque se registran las condiciones pactadas para que proceda el corte.
Sin embargo, la interrupción queda a criterio del usuario, y como el castigo no es demasiado alto, cada uno puede decidir si le conviene o no obedecer la instrucción.
Esto significa que las distribuidoras no tienen desarrollado un sistema para cortar a distancia y, en apariencia, si lo tuvieran, no podrían interrumpir parte del consumo ni advertir en qué momento se está gastando más energía que en 2005.
Se entiende, además, que las distribuidoras, algunas de ellas todavía estatales como en Córdoba, no estarían en condiciones de invertir en la tecnología que se requiere para los cortes desde la empresa eléctrica. Además, los recursos disponibles en este momento deberían tener como prioridad atender a las redes para que no haya interrupciones provocadas por el deterioro de los cables para enfrentar altas temperaturas y fuertes consumos.
Por último, en el gobierno hay preocupación de que la Resolución 1.281 termine convirtiéndose virtualmente en abstracta, si los grandes usuarios obtienen amparos de la Justicia para que no se les corte el suministro.
Si bien los especialistas creen que para el próximo verano todavía no habrá problemas por falta de energía, aunque habría cortes por fallas de transporte y distribución, se estima que se deben incorporar desde ya nuevos generadores, de modo que el sistema opere con alguna reserva y se vaya creando un colchón para el invierno.
Pero para que eso ocurra, la reglamentación de la Resolución 1.281 que empezará a regir el 1 de noviembre debería resultar efectiva, lo que principio se dificulta por las presiones que rodean al tema.
