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Votada por unanimidad, la ley obliga a esos bancos a especificar a los ahorristas cuál es el verdadero respaldo a sus operaciones bancarias. En caso de no hacerlo podrán recibir sanciones del Banco Central.
«En el supuesto de no proceder dicha responsabilidad, las entidades mencionadas deberán obligatoriamente dejar establecido que sus operaciones bancarias no cuentan con respaldo alguno de sus casas matrices o grupos accionarios mayoritarios de capital extranjero», dice el polémico texto. Y para amenazar a los bancos, termina auspiciando una serie de penalidades, aunque no especifica ninguna.
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