Gas y luz: Lavagna quiere apurar acuerdos en tarifas

Julio de Vido

El gobierno tiene particular apremio por llegar a acuerdos con privatizadas de gas, electricidad y autopistas urbanas, pero la mayoría de esas compañías no considera «admisibles» los términos de la propuesta oficial. Esto anticipa una semana cargada de tensiones entre ambas partes.

El objetivo del gobierno sería firmar las actas con las privatizadas antes del próximo viernes 16, ya que en esa fecha debería estar aprobada por el FMI la tercera revisión del acuerdo del año pasado. Si la aprobación no está, se abriría un panorama económico complicado, que el gobierno, y sobre todo el ministro Roberto Lavagna, trata de descomprimir con lo que tiene más a mano: el proyecto de ley de marco regulatorio para servicios públicos y la firma de acuerdos parciales con privatizadasen reemplazo de la renegociación de 39 contratos, sobre un total de 62, prometida para fines de junio, y además la Ley de Responsabilidad Fiscal en lugar de una nueva coparticipación federal.

Las negociaciones con las eléctricas habían comenzado a fines de mayo, pero la propuesta oficial para firmar un acta igual a la de Aguas Argentinas fue rechazada por las empresas, por tratarse de un acuerdo hasta fin de año sin suba de tarifas.

• Reacción

Ese acta dio lugar a una inesperada reacción del CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial, en donde la mayoría de las privatizadas demandó al Estado nacional por incumplimientos.EL CIADI dijo que al existir un acuerdo entre el gobierno y Aguas Argentinas para renegociar el contrato antes de fin de año, las actuaciones se suspendían totalmente -y no en forma parcial como afirma el acta-y que el tribunal se expediría en octubre de 2005 si el contrato no estaba concluido en fecha.

Las demás privatizadas, menos apremiadas que Aguas Argentinas por la amenaza de rescisión del contrato, prácticamente se abroquelaron tras la determinación de que no firmarían ningún punto relacionado con los juicios en el CIADI.

En la segunda mitad de junio, las eléctricas esperaban una negociación final con el ministro de Planificación, Julio De Vido, que no se concretó porque el funcionario estuvo toda la semana en Río Turbio. Con los principales hombres del gobierno en China, el jueves pasado, la unidad de renegociación de contratos envió a las empresas de transporte eléctrico: Transener, Transpa, Transba y Trasnoa, una propuesta a firmar antes del viernes 16. El documento contiene una suba de 25% en el margen de las transportistas que en tarifa final tendría un impacto inferior a 0,5% a aplicar en febrero del año próximo. Este sería el único ajuste hasta 2007, cuando se produciría la revisión integral de los contratos.

El proyecto de acuerdo incluye la renuncia al litigio en el CIADI e inversiones obligatorias en pesos, mientras en los contratos originales no existían esos compromisos, y las eléctricas sólo debían cumplir pautas de calidad del servicio.

Se afirma que hoy las distribuidoras eléctricas Edenor, Edesur y Edelap recibirán propuestas similares. A estas empresas se les ofrece una suba de 23% en el margen que perciben, lo que tiene un impacto de alrededor de 8% en tarifa a los usuarios.

Por su parte, las dos transportadoras de gas y las nueve distribuidoras recibieron, hace dos semanas, una propuesta sin números (con espacios en blanco) y empezaron conversaciones con la unidad de renegociación, que algunos de los representantes empresarios calificaron como « racionales». Aunque las compañías todavía no tienen los datos,se habla de una suba de 15% en el margen de las transportadoras y de 15 a 30% para las distribuidoras, según la zona del país. Esto daría como resultado una suba en tarifa final a usuarios inferior a 10%.

Dentro de las privatizadas energéticas, algunas creen que la propuesta oficial es «inadmisible», mientras otras parecen dispuestas a seguir conversando.

• Subas

En la puja que se dará a partir de hoy, el gobierno considera que ya autorizó una fuerte suba del gas para industrias y que sobre éstas recaerán los adicionales con que se formarán los fondos fiduciarios para ampliar la capacidadde los gasoductos. También hay decisión de mejorar el precio de la electricidad para industrias (que perciben las generadoras).

En 2006, a más tardar, esas subas en gas y en electricidad llegarán a los hogares, por lo cual el gobierno insistirá en que no puede dar más que un solo aumento a distribuidores y transportistas. De parte de las empresas, se dirá que un único ajuste no les alcanza para cubrir la suba en costos, y en algunos casos ni siquiera les deja saldo para pagar los intereses a los acreedores.

Agregan que, sin un horizonte a largo plazo, tampoco pueden reestructurar deuda.

Estas posiciones podrían generar una nueva pelea pública entre el gobierno y las privatizadas, aunque hoy hay menos margen político que meses atrás para declaraciones virulentas.