Caso Vicentin: la sociedad con Glencore vs. el temor de juicio ante el CIADI

La compañía con sede en suiza posee el 66,7% de ese joint venture, uno de los más eficientes y productivos del país en el tratamiento de soja y derivados y la elaboración de biodiesel.

Glencore, la compañía con sede en suiza, posee el 66,7% de Renova.

El gobierno entró en zona de dilema. Alberto Fernández deberá decidir el camino que tomará un conflicto derivado del avance del estado sobre Vicentin: la forma en que tratará a la multinacional suiza Glencore, el socio mayoritario de Renova, la mayor joya del largo listado de pertenencias de la empresa. La compañía con sede en suiza posee el 66,7% de ese joint venture, uno de los más eficientes y productivos del país en el tratamiento de soja y derivados y la elaboración de biodiesel en las dos plantas que posee en Santa Fe: Timbúes y San Lorenzo. Vicentin es hoy socio en el 33,3% del proyecto; con lo que si avanzara la intervención y posterior expropiación; el estado nacional debería tomar alguna de tres decisiones:

1. Mantenerse como socio minoritario de Glencore, y dejar que la compañía europea maneje la empresa; sin posibilidad en consecuencia de decidir sobre la forma, velocidad y manera de liquidar los dólares que genere. En principio, según declaró el ministro de Desarrollo Kulfas, la idea sería seguir esta línea; ya que la permanencia de esta sociedad le permitiría al gobierno blanquear y hacer más friendly la operación de desembargo sobre Vicentin ante el mundo. Además, se trata de un actor clave en el mercado de commodities a nivel nacional; con lo que la sociedad podría ampliarse a otros rubros. Sin embargo, Renova es una de las principales generadoras de divisas del grupo en conflicto, y la principal finalidad de este avance es la de poder contar con los dólares exportadores.
2. Avanzar también con la nacionalización de Renova, con lo que tendrá que indemnizar los activos de la empresa suiza; según una valoración que debería surgir de dos fuentes: el número que surja del concurso preventivo que lleva adelante el juez Fabián Lorenzini; o el de mercado. El primero sería muy inferior al segundo. Pero este último es el único que hoy da un panorama del dinero que se necesitaría para este avance. El año pasado Glencore compró un 17% de la compañía donde la sociedad original era 50/50%; completando el 67% total del paquete. En marzo de este año la empresa suiza ofreció adquirir la totalidad de la empresa, para la que ofreció unos 325 millones de dólares. El juez rechazó la propuesta por considerar baja en relación a la valuación de los activos de Renova. Sin embargo sería una manera de calcular lo que pretendería Glencore por el 67% de las acciones: unos U$S 975 millones. Un valor utópico de pagar si se tiene en cuenta que todo el pasivo de Vicentín se calcula en unos 1.300 millones de dólares y que, según el mercado, el valor de todo el grupo no superaría los U$S 800 millones de dólares.
3. Avanzar en un juicio internacional contra Glencore. Esto se daría en cinco circunstancias. 1- Si el estado decidiera, sin más, la nacionalización de Renova sin mayores indemnizaciones y hasta culpándola de parte de los malos manejos de Vicentín (en parte el dinero del Banco Nación habría circulado hacia Renova). 2- Si Glencore se sintiera perjudicada por tener como socio minoritario al estado argentino (algo que no está especificado en la conformación de la Joint Venture. 3- Si no se le diera la oportunidad a la compañía suiza de poder adquirir la mayoría de Renova, tal como figura en el reglamento de la Jint Venture. 4- Si el estado argentino considerara al emprendimiento como parte minoritario de toda la compañía (esta última es la alternativa del proyecto primario con que avanzó el Gobierno). 5- Si el valor que calculara el gobierno argentino para la indemnización fuera menor al valor que Glencore considera como justo. En cualquiera de estos casos, Argentina terminaría su relación con Glencore, y tendría el control de Renova, sus ingresos y liquidaciones de dólares. Sin embargo se embarcaría, otra vez, en un megajuicio internacional de final probablemente negativo para el país.

Si se llegara a esta última situación, Glencore tiene un as bajo la manga. La ley 24.099 sancionada por el Congreso Nacional el 13 de julio de 1992 durante el gobierno de Carlos Menem, que legaliza el Convenio con la Confederación Suiza para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. Con esta norma, reglamentada luego por el decreto 1081 de ese año, cualquier inversión suiza en el país pasaba a estar protegida con los mecanismos internacionales de salvaguardas contra nacionalizaciones. Concretamente, la ley en su comienzo menciona lo siguiente: "El Gobierno de la República Argentina y el Consejo Federal suizo, con el deseo de intensificar la cooperación económica en el interés mutuo de ambos Estados. Con la intención de crear y mantener condiciones favorables para las inversiones efectuadas por inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante. Reconociendo la necesidad de alentar y proteger las inversiones extranjeras a fin de promover la prosperidad económica de los dos Estados".

En su artículo 5, dentro del capítulo expropiaciones, dice explícitamente que "ninguna de las Partes Contratantes tomará, directa o indirectamente, medidas de expropiación, nacionalización ni ninguna otra medida que tenga el mismo carácter o el mismo efecto, con relación a las inversiones pertenecientes a inversores de la otra Parte Contratante, salvo por razones de interés público y a condición de que dichas medidas no sean discriminatorias, que se ajusten a las disposiciones legales vigentes y que den lugar al pago de una indemnización efectiva y adecuada. El monto de la indemnización, incluido el interés, será abonado en la moneda del país de origen de la inversión y será entregado sin demora al derecho habiente, cualquiera sea su domicilio o su sede".

Finalmente, y en caso de controversia, se llama a las partes a solucionar el problema con las vías amistosas y diplomáticas. Sería el eventual caso actual si el gobierno avanzara sobre Vicentin y Renova. Pero en el caso que no existiera solución al conflicto, la solución del problema no podría resolverse en los tribunales locales; sino, otra vez, sería la vía internacional donde continuaría la batalla. Concretamente, y según reza el artículo 9 del Convenio y si el inversor lo pide, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Se trata del tribunal ad hoc creado por el Banco Mundial en 1965, y donde Argentina tiene un récord mundial de juicio perdidos y dinero abonado; sólo superada en el ranking por la Venezuela chavista, pero con la salvedad que el país pagó ya lo que debía y el estado bolivariano se mantiene en absoluta mora. Igualmente Argentina mantiene juicios abiertos por unos U$S 1.000 millones ante el CIADI a la espera de resolución.

Reconoce el gobierno local que no hay margen para hacerle un "pagadios" a un gigante mundial en el mercado de granos y oleaginosas; con el que, además, tendría que competir en el futuro. Y, eventualmente, comercializar.

El inicio de la sociedad de Vicentin y Glencore

La sociedad entre Glencore y Vicentin comenzó en 2006, cuando ambos operadores se unieron para levantar una planta de biodiesel en la ciudad de San Lorenzo; en una sociedad de partes iguales. Con el tiempo la sociedad sumó la producción de harina, aceite, lecticina y pallet de cáscara en la planta de Timbúes, además de glicerina en San Lorenzo. Ahora, luego de la crisis del año pasado de Vicentín, Glencore tomó la mayoría de las acciones. Opera en el país desde 1984 a través de Oleaginosa Moreno Hermanos, propiedad de Glencore Grain Hamilton Ltd. Además de su sociedad con Vicentin, participa en el mercado agropecuario con plantas propias de acopio y exportaciones de granos.

Glencore nació en 1974, fundada por el magnate norteamericano Marc Rich. Opera en 40 países en mercados de oleaginosas, cereales, aceites, vegetales, biodiesel, caña de azúcar, minerales, combustibles y materias primas en general. En la Argentina, además de la sociedad con Vicentin, mantiene molinos de arroz, crushing de soja (General Villegas, Necochea y Daireaux), siembra directa, aceites vegetales y molinos en Chajarí y Paso de los Libres, además de acopios en Bahía Blanca, Conquistadores y Bonpland. Exporta el 25% del arroz que produce el país y maneja la mina Bajo La Alumbrera, un yacimiento de cobre, oro y molibdeno que explota en superficie Minera Alumbrera desde 1997. Se encuentra ubicado al noroeste de la provincia de Catamarca, a 400 km de San Fernando del Valle de Catamarca y a 320 km de San Miguel de Tucumán, a una altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar. En este proyecto posee el 50% de las acciones, en sociedad con las empresas canadienses Goldcorp y Yamana Gold que cuentan con 37,5% y 12,5% respectivamente. Allí produce un promedio anual de 321.000 toneladas de concentrado que contienen aproximadamente 100.000 toneladas de cobre y 300.000 onzas troy de oro. También se producen 0.8 toneladas de oro doré y 957 toneladas de concentrado de molibdeno. Los datos de mundiales de la compañía ameritan que se le tenga respeto. Facturó, a números de 2019, unos u$s200.000 millones; casi la mitad del PBI argentino. Maneja el 25% de los mercados de cebada y girasol a nivel mundial, el 10% del trigo, el 50% del cobre y el zinc, el 45% del plomo y el 38 del aluminio.