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Esta posición oficial se explica en parte porque el gobierno está presionado por la presencia de la misión del Banco Mundial y del Fondo Monetario que está revisando precisamente la situación de las empresas privatizadas. Aunque se mantiene fuerte reserva sobre sus opiniones, ya se sabe que la delegación viene planteando dos cosas:
El Ministerio de Economía, por otra parte, tiene cierta obligación de retribuir a los gobiernos de los países europeos que respaldaron a la Argentina en las negociaciones con el Fondo, siendo que gran parte de los accionistas extranjeros es de ese origen. Por otra parte, en la carta de intención con el FMI, si bien no se habla de aumentos de tarifas, hay un compromiso de no dejar caer a las empresas privatizadas.
Sin embargo, la perspectiva en el ámbito judicial no es favorable al gobierno. Hay dos pronunciamientos pendientes: uno de la jueza
Rodríguez Vidal tiene en sus manos una cautelar para suspender los aumentos en gas y luz dentro de un juicio en el cual los demandantes piden que se obligue al Estado a renegociar contratos antes de aumentar tarifas. Esta jueza ya adoptó dos medidas cautelares el año pasado: obligó a suspender las audiencias públicas para tratar subas en luz y gas, y a suspender el decreto de noviembre que autorizaba aumentos de emergencia en ambos servicios.
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