"Yo creo en la Justicia -espero, confío en la Justicia de mi país- sabrá poner las cosas en su lugar, porque en definitiva es lo que reclamaría cualquier argentino y mucho más el Estado", dijo el lunes la presidente Cristina Fernández de Kirchner, anticipando que el Gobierno pensaba ir a la Justicia para seguir peleando su posición ante la empresa Siderar. La posición que defiende la Anses es que se haga efectivo el decreto 441 que modificó la participación del organismo estatal en la representación de las empresas donde el Estado tiene participación accionaria. Esto llevó, en el caso de Siderar, a que la Anses pasara de tener un director, que hasta hace muy poco fue el actual embajador Aldo Ferrer, a tener tres directores.
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La empresa observó la decisión argumentando que "a nuestro criterio no tiene justificación la aplicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia ya que la Constitución Nacional sólo justifica que el Ejecutivo legisle en circunstancias muy excepcionales que hicieran imposible ir al Congreso", explicó el presidente de Ternium-Siderar, Daniel Novegil, en declaraciones radiales. La primera mandataria, también el lunes, reclamó que "queremos que nos distribuyan la parte de las utilidades que le corresponden a los 40 millones de argentinos". La respuesta que dio la empresa fue que en la última asamblea se votó la distribución de 1.511 millones de pesos en concepto de dividendos a todos los accionistas, decisión que fue votada positivamente por la mayoría de los directores a pesar de la oposición de los representantes de la Anses.
ámbito.com preguntó tanto al ministro de Economía, Amado Boudou, como al titular del Anses, Diego Bossio, respecto a qué opinión les merecía el argumento de la empresa en el sentido de que sí quisieron repartir los dividendos. Bossio respondió que "la Anses no votó en contra de la distribución de dividendos. Siderar propuso distribuir 1.500 millones pero no precisa qué destino tendrán los 6.440 millones de dividendos acumulados de años anteriores".
En tanto, Amado Boudou agregó "que la Presidenta hizo referencia a la igualdad ante la ley y a respetar el derecho de propiedad. Lo que hubo fue un brutal intento de parte de Techint de vulnerar esa igualdad y ese derecho", al tiempo que reiteró la explicación que viene dando hace varios días: "Si hay un socio que tiene 25,6% de acciones debe haber un representante en el directorio. Se ha intentado desviar el tema diciendo que se trata de un avance del Estado (sobre las empresas) pero es una falacia". El funcionario reconoció que no entiende por qué la empresa adoptó esta actitud y sembró sospechas sobre su accionar al decir "es una empresa que cotiza en bolsa a nivel internacional. Es un verdadero papelón el que está haciendo. Salvo que haya algo muy pesado que ocultar".
En realidad, sostienen altos directivos del Grupo Techint, el propósito del Gobierno era anular la Asamblea , objetivo que alcanzó a través de la denuncia formulada en la Comisión Nacional de Valores (CNV) y estableciendo que no se distribuyan los dividendos. Cabe recordar que el directorio de la CNV declaró "irregulares e ineficaces" las decisiones tomadas el viernes en la asamblea de accionistas de la empresa Siderar, en la que se impidió que el Estado nacional haga uso de sus plenas facultades como accionista.
En dicha resolución, la CNV consigno que tampoco "se respetó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 441, que está vigente y establece que la ANSES puede votar en su función de su tenencia en cada empresa en la que tenga participación, sin el límite del 5 por ciento vigente hasta esa fecha". El problema de la representación del Estado "se debe trasladar al Congreso para expresar nuestras ideas", dijo el ejecutivo de Siderar.
Cuestionó la decisión presidencial de haber utilizado un DNU y depositó la resolución del conflicto, al igual que la primera mandataria, en la Justicia , cuando dijo "confío en la Justicia. Confío en la democracia". Ante el argumento oficial que nunca antes hubo problema alguno con los representantes del Estado, Novegil lo reconoció y resaltó la presencia del Aldo Ferrer (quién era el director por parte del Anses) como "positiva". Sin embargo, desde el gobierno relativizan este buen comentario al sostener que "en realidad Aldo Ferrer era un hombre de Techint". Comentario que resulta llamativo ya que el economista fue designado embajador en Francia propuesto por el gobierno de Cristina Kirchner.
Ambas partes, el Gobierno y la empresa, sostienen -aunque desde distintos ángulos- que el tema es "ilegal". Para el Gobierno resulta casi ridículo que el Estado no pueda ejercer sus derechos como accionista y en la compañía sostienen que se han cambiado las reglas de juego. Fuentes de Casa Rosada hace tiempo vienen cuestionando al Grupo Techint, al cual ven "como a Clarin" como sectores que con su accionar buscan "perjudicar al Gobierno". Así lo expresó claramente Boudou en conferencia de prensa en la que acusó a los medios de querer justificar la caída de las acciones de la empresa por el accionar del Ejecutivo cuando en realidad obedeció al problema de la mala calificación a la deuda externa de los Estados Unidos. En este contexto, aseveró que "No sé si Clarín y Techint trabajan en tándem, parece que sí". A juicio de Bossio y Boudou, el grupo Techint es el único que tiene problemas en la aplicación del DNU, "ya hay 27 empresas que ya tienen directores del Anses" (entre ellas mencionaron a Minetti, Aluar, Banco Macro y Consultatio). Y especificaron que el mismo día en que se publicó el DNU 441, "cuatro empresas aprobaron la incorporación de nuevos directores", entre ellas Molinos.
Sin embargo, fuentes empresarias confirmaron en estricto off the record a ámbito.com su preocupación por el giro de los acontecimientos. Algunos sostienen que en realidad las malas relaciones con el grupo Techint comenzaron hace tiempo en ocasión que el gobierno de Hugo Chávez estatizó activos del grupo. Lejos quedaron los tiempos en que era habitual ver a directivos de la empresa acompañando en las giras al exterior del entonces presidente Néstor Kirchner. El nuevo presidente de la Unión Industrial , Ignacio de Mendiguren, intentó darle la razón a ambas partes cuando afirmó que "no discuto que un inversor que pone dinero en una empresa tenga derecho a votar y controlar", para luego defender la postura de Techint al indicar que "hubo un cambio de reglas".
Finalmente, cuidando el vínculo que necesariamente tendrá que mantener con el Ejecutivo, aceptó que "como debate a futuro, yo estaría de acuerdo en que el Estado o la Anses , si participa como inversor, tenga todos los derechos políticos para controlar una empresa".
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