Hasta el viernes de la semana pasada, y cuando venció el límite legal para liquidar los salarios mensuales de julio de 2002, la obligación fue cumplida casi en orden por las grandes compañías en situación económica estable, por las medianas empresas industriales y por las cadenas de supermercados. En total recibieron el aumento, o están por recibirlo, un millón de empleados privados. En el resto de los casos, las empresas obligadas a pagar este aumento aún no lo hicieron. Dentro de estos grupos, que abarcan a más de 2 millones de trabajadores, están negociando con sus empleados algún tipo de flexibilización para el pago o directamente no cumplirán con la medida. Los datos surgen de una de las propias entidades empresariales que firmó el compromiso con los sindicatos y el Ministerio de Trabajo, a partir de la información y el seguimiento general que realizan entre las compañías para verificar el cumplimiento efectivo de la norma. Desde Trabajo se aseguraba ayer que si bien comenzaron ciertos controles a las grandes empresas, por ahora no hay sanciones. Pero que después del 25 de este mes, habrá lanzamiento de controles masivos, fundamentalmente a grandes empresas, para verificar el cumplimiento del pago. En teoría, el aumento de salarios de 100 pesos deberían recibirlos todos los trabajadores del sector privado cuya relación laboral esté comprendida en el régimen legal de convenciones colectivas de trabajo. Según los cálculos del propio Ministerio de Trabajo que dirige Graciela Camaño, de los aproximadamente 11,2 millones de personas que tienen empleo de alguna manera, entrarían en la obligación aproximadamente 3,4 millones de personas. Según declaró a este diario hace 15 días el economista de FIEL, Juan Luis Bour, únicamente un tercio de esos empleados privados en relación de dependencia recibiría en tiempo y forma el pago; lo que aparentemente estaría cumpliéndose en estos días. Según la información que maneja la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, las terminales portuarias, las compañías de seguros, la industria del cuero y las empresas concesionarias de ganado no sólo estarían cumpliendo con la obligación, sino que habrían pedido «ampliar el beneficio a sumas mayores». Además Rial menciona que tampoco habría problemas en actividades como «gas licuado, hidrocarburos, trabajadores de salas de juego y bingos de la provincia de Buenos Aires y las generadoras de energía». También están cumpliendo con los pagos las terminales automotrices, que ya pagaron o están por liquidar el aumento. En el caso del sistema financiero, algunas entidades importantes privadas ya pagaron; mientras que otras están negociando con sus empleados algún tipo de flexibilidad horaria o directamente reestructuran la planta laboral cerrando sucursales. En la misma situación se encuentran las empresas públicas privatizadas.
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De todas maneras, y sumando todos estos sectores y según los datos de las propias cámaras industriales, se trata de grandes empresas que en total no superan un tercio del total de empleados que deberían recibir el incremento. El resto de los trabajadores, más de dos millones de personas, trabaja en PyMEs o dentro de sectores más díscolos ante el aumento.
Así, en algunas actividades, directamente, el pago es nulo. Fundamentalmente se trata de los casos de la construcción, el comercio en general (salvo grandes cadenas de hipermercados), los gastronómicos, la mayoría de las PyMEs, los fabricantes de bienes de capital y el transporte público de corta, media y larga distancia, entre otras.
En algunas empresas, y por recomendación de sus gerencias de personal, aseguran que tienen voluntad de pagar los 100 pesos, pero como la reglamentación de la medida apareció luego del período legal de liquidación del salario de julio (entre el 15 y el 20), esperarán al próximo pago para efectivizar la medida. Obviamente, tampoco están recibiendo el aumento los trabajadores que tienen su liquidación salarial en todo o en parte en negro. Según Rial este tipo de empresas «deberían abonarle esta asignación no retributiva, pero el empleador se encuentra en fraude a la ley, no registrado y elude el cumplimiento de sus obligaciones tributarias», con lo que «es probable que también pretenda incumplir con la normativa legal».
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