"Lo que sucedió es que un compañero de trabajo de Villa María tenía que viajar al exterior y quiso comprar dólares. Se dirigió a la AFIP para generar la clave y se encontró que ya la tenía generada y que había comprado dólares para ir a Chile, algo que no sucedió". La denuncia la formuló Jorge Montes, el jefe de la seccional Villa María de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial de la provincia de Córdoba (AGEPJ), y en las próximas horas motivará una investigación judicial.
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La historia comenzó el lunes pasado y se trataría de un robo de claves fiscales para adquirir divisas. "Al principio apareció un compañero solo, pero después el número fue creciendo y ya eran 30 y hoy son 60", advirtió Montes en diálogo telefónico con ámbito.com, aunque no descartó que haya más afectados. En la pequeña localidad ubicada a 146 km de la capital provincial son unos 200 los agremiados a la Asociación. Los montos de las operaciones van de 20 a 10.000 dólares y todas las compras fueron justificadas por viajes al país trasandino.
El sindicalista reveló que el primer estafado fue Jorge Lisandro Salcedo, otro empleado judicial que tenía previsto viajar al exterior para acompañar a su esposa a un curso. Pero según Montes, cuando Salcedo fue a tramitar la clave que exige la AFIP se encontró que en las planillas del organismo apareció "viajando" junto a un oficial de justicia y un empleado de ordenanza de los tribunales. "Así, todos fueron a la AFIP y se encontraron que todos habían comprado dólares", continuó el delegado gremial.
Ante la gran cantidad de operaciones presuntamente falsas, en la AGEPJ anunciaron que los damnificados harán una presentación conjunta ante la Justicia de Villa María para contar todo lo sucedido. Otros, los más preocupados, ya lo hicieron por su cuenta. Los judiciales tienen dos temores. "El problema es que se está vulnerado la información, los datos y no sabemos si podemos aparecer en otras operaciones crediticias, y aparte está la resolución de la AFIP que obliga a devolver los dólares si no viajaste, y acá no viajó nadie".
La resolución que Montes mencionó es la número 3.333 del 23 de mayo pasado. Esta norma complementaria exige declarar el país de destino y las escalas, el motivo del viaje, la fecha de salida y regreso y el medio de transporte utilizado. Si el plan no se cumple y no se justifica su cancelación, la AFIP tiene la potestad para reclamar las divisas adquiridas. En caso de no devolver el dinero las sanciones van desde multas hasta el retiro para operar del CUIT.
En Córdoba sospechan que los ladrones de claves eligieron a los afiliados por el perfil del trabajador judicial. "Los empleados del Poder Judicial no pueden tener embargos, pagan el Ganancias, tienen que tener todo en blanco porque la patronal es muy exigente", sostuvo el dirigente.
La primera pista de la investigación hay que buscarla en el Instituto de Informes Comerciales (IIC) de AERCA, una entidad que reúne a empresarios de la región del centro del país. Desde allí partió la primera señal de alarma al sindicato por una presunta estafa. El Instituto funciona como un Veraz. Ofrece a los socios de AERCA información "importante" y "fidedigna" al momento de concretar una operación comercial. Difunde a pedido "antecedentes comerciales y bancarios ya sea de personas físicas o jurídicas, averiguaciones de valores, verificación de residencias" y otros datos personales útiles para conocer a un comprador.
En AERCA detectaron que un matrimonio mendocino solicitó en reiteradas oportunidades información de personas agremiadas a la AGEPJ y que para comprar dólares firmaron declaraciones juradas donde decían que viajarían con esas personas a Chile. "Son todos casos de fraude", aseguró Montes antes de finalizar la charla.
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