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La iniciativa modifica, además, la carta orgánica del Banco Central, amplía los límites para que la autoridad monetaria asista al Tesoro nacional para afrontar pagos con organismos internacionales de crédito, y avanza en la sanción de uno de los temas más polémicos pedidos por el FMI: la protección legal para las decisiones tomadas por funcionarios del Banco Central. No habrá, finalmente, inmunidad penal para el directorio sino que se estableció que serían revisables judicialmente los actos de los directores del Banco Central en los procesos de liquidación, fusión y reconversión de entidades, sólo cuando se compruebe arbitrariedad manifiesta o malicia en la decisión. Informate más
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