Unas 100 mil empresas y 5 millones de deudores podrán cancelar sus deudas con un descuento de 80%, si prospera la iniciativa aprobada ayer por la Cámara de Diputados donde los créditos con calificación 1, 2 y 3 de hasta $ 300 mil también se podrán cancelar con títulos públicos.
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Según los últimos datos del Banco Central, se trataría de unos $ 30.000 millones que el sistema financiero tiene otorgados en tramos inferiores a los $ 300.000 en estas tres categorías. Como cualquier bono del Estado actualmente puede ser adquirido en el mercado a 20% de su valor nominal y el Banco está obligado a aceptarlo al valor nominal, se trata de una excelente oportunidad para cualquier deudor bancario pero, en cambio, un costo muy alto para el Estado. Por ejemplo, quien mantiene una deuda de $ 100.000 podrá cancelar esta cifra adquiriendo bonos públicos por aproximadamente $ 20.000, esto es, menos de 5.500 dólares.
Los más beneficiados serán las personas físicas de la categoría 1. Según las últimas cifras el BCRA, hay otorgados unos 5,2 millones de créditos a particulares por $ 28.103 millones en montos inferiores a los $ 300.000. Asimismo, por montos menores a esa cifra, hay 95.624 empresas que mantienen deudas con el sistema financiero por $ 2.781 millones. En el caso de las personas físicas, 44% de los créditos que entran en la normativa son de categoría 1, mientras que 19,5% son de categoría 3.
Este mecanismo de cancelar deudas bancarias con créditos fue autorizado el año pasado para deudores de las categorías más riesgosas (categorías 4, 5 y 6) que ante el grado de incobrabilidad que presentaban estos créditos se autorizó el pago con bonos. Esa posibilidad venció el 15 de mayo pasado y no incluía a los créditos de mejor calificación, como los 1, 2 y 3 que son los considerados de menor riesgo, es decir, que o bien están al día con el pago (categoría 1), o tienen un atraso de hasta 90 días (categoría 3). En su versión inicial, estos créditos podían ser cancelados con bonos pero siempre que lo autorizara el banco acreedor, cosa que prácticamente ninguna entidad bancaria autorizó.
En la versión aprobada ayer, se prorroga por otros 90 días la posibilidad de cancelar deudas con bonos y se amplía además el listado de beneficiarios.
Hasta ayer había serias dudas de que esta iniciativa pueda prosperar. De hecho funcionarios del Ministerio de Economía aseguraron que se opondrán tajantemente a este proyecto.
Es que, en definitiva, sería una forma muy disimulada de que nuevamente el Estado se haga cargo de las deudas de los privados. Porque inclusive es una mejor oportunidad que cancelar deudas con los BODEN (los bonos por los cuales optaron los ahorristas). Estos últimos, además de que tienen un uso más limitado para cancelar deudas (sólo podrán usarlos deudores hipotecarios y no sirve para deudas de empresas) los bancos no los aceptan al valor nominal. Por ejemplo, si el BODEN cotizara a 20%, el banco lo aceptaría a 20% más la diferencia entre el valor nominal y ese 20%. Es decir, a 60%. En cambio, los títulos públicos serán aceptados a 100% de su valor.
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