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El funcionario dijo también que lo principal para las compañías «es que se iniciara el ajuste de las tarifas», y «a partir del momento en que empezamos, están satisfechas».
A nivel local, Lavagna recibió el apoyo del ministro de la Producción, Fernández, uno de los funcionarios más allegados a Eduardo Duhalde, dijo que «no es simpático» el incremento, pero «es lógico que sobre fin de este año se revisaran las tarifas», luego de que se trató de resolver las pérdidas que «todos habían tenido» de forma «más o menos ordenada».
Estas declaraciones habrían pretendido respaldar a Lavagna en sus reuniones con los gobiernos europeos y los principales accionistas de las privatizadas, luego de que el lunes algún vocero oficial dijo que el decreto de suba de tarifas iba a congelarse por un tiempo, para que el público no interpretara que el gobierno se movía por las presiones de las empresas, más concretamente por el apagón del domingo.
Sin embargo, el proyecto de decreto de necesidad y urgencia para electricidad y gas todavía no fue firmado por el Presidente, y crece la sensación de que la iniciativa se anunció sobre todo para que Lavagna la presentara en su gira por Europa.
Para algunos se trata de un problema político, es decir, que el gobierno definitivamente no quiere pagar el costo de subir las tarifas. Pero también es cierto que el decreto, de ser firmado, sería impugnado por la Justicia, por no haberse cumplido con el paso previo de la audiencia pública.
Simultáneamente con este proyecto, el gobierno continúa la vía judicial para que se levante la suspensión de las audiencias para tratar las tarifas de gas y electricidad. Si esos debates se realizan, se enmarcarían en las leyes de marco regulatorio de ambas actividades que prevén aumentos por causas objetivas o imprevistas.
Ayer trascendió que la jueza en primera instancia, Claudia Rodríguez de Vidal, que ordenó suspender las audiencias, fue recusada por el Estado por haber incurrido en «prejuzgamiento», de modo que la magistrada quedó apartada del proceso.
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