La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) ya percibe que tampoco sería durante el gobierno de Cristina de Kirchner, pese a sus promesas de campaña, cuando recibirían el reconocimiento institucional y su legalización definitiva. Los últimos movimientos de acercamiento del gobierno al camionero Hugo Moyano -que continuaría al frente de la CGT- y al metalúrgico Antonio Caló confirmarían que no está en los planes de la jefa de Estado legalizar la central sindical alternativa.
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Por esto, la conducción de la CTA considera que terminó el período de gracia que se le otorgó a Cristina de Kirchner, y hoy pedirá de manera urgente una audiencia con la Presidente. «En el marco de la paritaria social que impulsamos, también vamos a reclamar la definición de políticas públicas que permitan ir definiendo un nuevo modelo productivo», dijo ayer el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, que en su momento apoyó la candidatura de Néstor Kirchner primero y de Cristina de Kirchner después. Según Yasky, la CTA pretende «analizar con la Presidente el proyecto de paritaria social» que lleva adelante junto a la Federación Agraria Argentina (FAA), el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas (APYME) y diversas organizaciones sociales.
La clave del planteo de Yasky es que prevé insistir con la histórica demanda de la personería jurídica, que además es respaldada por dictámenes emitidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El propio Yasky reconoció que no veía «voluntad política» en el gobierno para tomar la decisión de otorgarle la personería jurídica a la CTA y había admitido que comenzó «a perder las esperanzas» de que finalmente eso ocurra.
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