El kirchnerismo quiere resarcirse hoy de la derrota sufrida la semana pasada en el recinto de Diputados, cuando debió postergar la aprobación del nuevo marco regulatorio para la estatal AySA, la empresa que reemplazó en la concesión a Aguas Argentinas, porque la oposición se negó a prestar número para habilitar ese expediente en el recinto. Al mediodía, el oficialismo intentará emitir el dictamen de ese proyecto para bajarlo mañana al recinto y convertirlo en ley.
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Será otra de las leyes relámpago que el gobierno le arrancó al Congreso en este fin de año. Ese proyecto, que ya cuenta con sanción del Senado, será debatido a las 13 por los diputados en la Comisión de Obras Públicas.
El kirchnerismo había intentado el miércoles pasado votar la preferencia para el tratamiento del proyecto, pero la oposición rechazó el pedido, que había sido impulsado en la reunión de Labor Parlamentaria por la oficialista mendocina Patricia Fadel, secretaria parlamentaria del bloque K.
Problemas
Lo que sucedió esa noche en el recinto de Diputados demostró que en las últimas semanas el kirchnerismo ha comenzado a tener problemas en el Congreso para imponer su mayoría en algunos casos conflictivos. Después que Fadel pidió que se aprobara la preferencia para tratarlo, el radical Fernando Chironi se negó a prestar sus votos para habilitarlo, alegando que el tratamiento no se había acordado en la reunión previa de Labor Parlamentaria. Después de un duro debate entre todos los presidentes de bloque, Agustín Rossi, jefe de los kirchneristas de Diputados, cedió: «Vamos a retirar la moción de apartamiento del reglamento... Lo único que tengo que decir es que hoy se ha roto un código parlamentario, porque nosotros jamás hemos dejado de votar una preferencia con despacho de comisión», dijo.
Después de ese escándalo en el recinto, el jueves el Frente para la Victoria logró imponer finalmente su mayoría y obtuvo los votos necesarios para votar la preferencia, después de la polémica generada el día anterior y permitir así que mañana llegue al recinto.
Esa ley convalida el convenio tripartito suscripto el 12 de octubre pasado entre el Ministerio de Planificación Federal, la provincia de Buenos Aires y el Gobierno porteño.
Plantea la necesidad de readecuar el modelo regulatorio del servicio de provisión de agua potable a partir del cambio producido el 21 de marzo pasado, cuando dejó de operar Aguas Argentinas y comenzó a prestar servicio Agua y Saneamiento Sociedad Anónima.
El proyecto, además, disuelve el Etoss y crea como organismo de control el Ente Regulador de Agua y Saneamiento, que dependerá del Ministerio de Planificación. Es otra curiosidad del nuevo sistema: la empresa prestadora del servicio y el órgano de control dependerán del mismo funcionario estatal.
