Gobierno y gremios (los 7, por primera vez de acuerdo) le reclaman hoy a la Justicia que intervenga en la empresa. Paso previo, de concretarse, a una posible reestatización como ya ocurrió con el Correo y Aguas Argentinas. No hay indicios de que empresarios privados participen del proyecto (Juan Carlos López Mena, de Buquebús, ni siquiera pudo empezar una auditoría). Se ampara el reclamo judicial en atrasos en el pago de salarios, falta de inversiones, desvíos de ganancias, retrasos y suspensión de vuelos. A su vez, los dueños españoles dicen que desde hace años soportan una presión desbordante de los sindicatos, suspensión de subsidios oficiales y falta de corrección de tarifas. En verdad, esperaban una acción de este tipo. El conflicto se añade a las rispideces últimas con España (y empresas de ese origen), deterioro que en este caso parece afectar más directamente al rey: los titulares de AA, Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán, son reconocidas personas del entorno del monarca.
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La noticia tal vez no favorezca el interés por invertir en la Argentina -menos en estos momentos de inestabilidad económica mundial- y, en el plano interno, la situación parece aún más complicada: el gobierno sostiene una empresa aérea que no vuela, ahora deberá incrementar los subsidios por Aerolíneas, mientras una importante cantidad de aviones se encuentra sin operar (vuelan 8 de 22 en Austral y 12 de 40 en Aerolíneas).
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