La Tesorería debe comprar dólares

Siempre entendimos este período histórico y este gobierno como de transición y de administración de crisis. Que difícilmente logrará algo más que evitar la hiperinflación y sin explosión social. Creemos que sigue siendo una visión realista.

Discutir qué se podía haber hecho mejor queda para los historiadores; qué debiera hacerse para empezar a recuperar credibilidad queda para el próximo gobierno. Lo primero porque ya pasó, es discutir si Crespo y Batistuta podían jugar juntos. Lo segundo porque con excepciones, a meses de irse, a un gobierno de país latinoamericano tradicionalmente no se le creen reformas de largo plazo. Un grave problema de la región es justamente la discontinuidad institucional de las decisiones.

Insistimos en que para un gobierno de transición, en medio de una fenomenal crisis económica y social, una agenda de reformas estructurales de largo plazo, ya sea pro mercado o antimercado, es lo mismo que nada. El enfoque básico es y seguirá siendo de administración de crisis, tratando de evitar males mayores, hacer dentro de lo posible algunas «tareas sucias» y, muy importante, fabricando la menor cantidad posible de bombas de tiempo que puedan explotarle al próximo gobierno que sí deberá tener inexorablemente una agenda refundacional.

«Mal mayor» sería evitar una aceleración inflacionaria y/o un conflicto social desenfrenado; bombas de tiempo que deben evitarse son, por ejemplo, postergar la solución del «corralón» o seguir distorsionando los precios relativos de aquellos sectores artificialmente congelados.

De la misma manera, «tarea sucia», que no debiera confundirse con maxirreforma, sería la liberación del «corralito» transaccional (aunque sea por decantación «posgoteo» y licuación inflacionaria como está ocurriendo). Lo mismo, dejar sentado el puntapié inicial de un superávit primario fiscal, que a largo plazo, inexorablemente, vamos a tener que tener sí o sí.

Desde el inicio también siempre estuvo claro que, lamentablemente, no había una estrategia clara y contundente de qué hacer con el sistema bancario, por lo que el primer semestre del año estuvo caracterizado por una muy costosa emisión monetaria por redescuentos, venta de reservas, suba del tipo de cambio y algo de inflación.

En sentido contrario, aunque a partir de una espectacular distorsión tributaria que incluyó retenciones más impuesto a las cuentas corrientes no compensable contra ningún otro impuesto más impuesto inflacionario, más cierto control sobre el gasto nominal, un gobierno tildado de populista va camino a obtener el mayor superávit fiscal primario (antes de intereses de la deuda defaulteada) desde 1993.

Y aquí está el comienzo del punto central de esta nota. En el segundo semestre de este año, el gobierno nacional muy fácilmente podría alcanzar un superávit primario fiscal (anualizado) del orden de 1,5% del PBI. Incluso, esto podría hacerse en un contexto donde, luego de cinco semestres de congelamiento y caída, el gasto primario (siempre excluyendo intereses) del gobierno nacional puede ubicarse en casi $ 2 mil M por encima del promedio semestral de los últimos dos años y medio. Causa de este aumento nominal son el plan Jefas y Jefes de Hogar con subsidio de $ 150 por persona, el aumento de la jubilación mínima a $ 200 e incluso (presuponemos) la restitución hacia fin de año de parte de 13% de recorte salarial a la nómina salarial del sector público.

El gasto público nominal estaría «explotando» nominalmente, pero en términos reales, la «magia» de la inflación lo licuaría hasta niveles no vistos desde la década del '80 como porcentaje del PBI, a pesar de la hecatombe de la actividad.

La pregunta política del millón es si este gobierno de transición estará capacitado y dispuesto para resistir más presiones de gasto que evaporen el superávit primario que podría lograrse, sabiendo que en cualquier forma quedaría en el medio del fuego cruzado donde, de un lado, estarán los más ortodoxos que dirán que la Argentina debe tener un superávit primario mínimo de 3 puntos del PBI (el doble del posible en el segundo semestre) y del otro, los más populistas, que dirán que la Argentina también necesitará un gasto público mayor como porcentaje del PBI.

Paradójicamente, ambas posiciones extremas tendrán algo de razón porque la Argentina deberá, inexorablemente, caminar rumbo a un superávit primario «a la brasileña» (aunque menos basado en impuestos trogloditas y más en eficiencia tributaria) y, simultáneamente, deberá normalizar el gasto público.

• Interrogante

Acorde con los números posibles en esta coyuntura, la meta de superávit primario puede fijarse aproximadamente en $ 2.500 M en el segundo semestre, base caja. Desde un punto de vista financiero, luego de pagar los intereses que no se dafaultearon, habría todavía un déficit del orden de los $ 2.500 M (según en qué tipo de cambio se calculan los intereses en dólares) para cerrar el año no muy lejos de $ 5 mil M de agujero de caja nacional anual (siempre falta en este análisis el déficit de las provincias que se financiaron emitiendo cuasi monedas).

La manera más simple que podría ponerse en práctica para que el gobierno pueda resistir las presiones que evaporen el superávit primario y que al mismo tiempo transparente y haga creíble el esfuerzo fiscal es la siguiente. La Secretaría de Hacienda debería publicar y cumplir un calendario mensual (o semanal) de divisas que comprará en el mercado de cambios usando la mayor parte del superávit primario. Estas divisas se usarían para hacer los pagos de intereses de la deuda no defaulteados, evitando así que se hagan, como hasta ahora, con reservas del BCRA.

Para mostrar que la tarea sucia de obtener la mitad del superávit primario necesario en el largo plazo se cumple, el gobierno nacional debería destinar los pesos del superávit primario a comprar entre u$s 50 y 100 M por mes de aquí a fin de año y que servirían para pagar genuinamente la mitad de los intereses de la deuda que se sigue pagando. El resto de los intereses y parte del capital para los cuales el superávit primario no alcance no habrá más remedio que pagarlos con reservas, por lo menos hasta que se haya logrado un acuerdo definitivo con los organismos internacionales y se obtengan desembolsos que permitan refinanciar los vencimientos.

El objetivo es evitar «rifar» (aunque sea la mitad de lo que efectivamente hay que pagar) el superávit primario. Esta compra de divisas por parte del gobierno con recursos fiscales deberá ser absoluta y cristalinamente separada y diferenciada de aquella intervención cambiaria (positiva o negativa) que realice el BCRA con recursos monetarios y que será parte no de la política fiscal, sino de la monetaria y, en todo caso, de la cambiaria. Sólo con decisiones de este tipo se irá consiguiendo un mínimo de credibilidad para hacer la transición algo más «anclada» en términos de certidumbre y de alguna herencia positiva hacia el nuevo gobierno.