La verdad es la hija del tiempo

Si alguien tenía dudas de por qué el interés y el apuro del gobierno actual por cambiar ministros de la Corte Suprema de Justicia, hoy no quedan dudas.

El anticipo de su fallo por medio de la prensa del Dr. Boggiano, defendiendo y justificando la pesificación y confiscación de los depósitos, tratando de detener los amparos que tienen rango constitucional desde 1994, y protegiendo el balance de los bancos, como se ha hecho sistemáticamente desde el principio de la crisis, y otra serie de argumentos no hace otra cosa que prevaricar en contra de las leyes de la Nación, y causar denegación de justicia. Las dudas quedan disipadas, los urgentes cambios en la Corte se debían principalmente a este motivo que habría sido el verdadero detonador, para que un presidente amedrentara a todo el Poder Judicial por televisión en un hecho insólito para la democracia argentina, avasallando la división de poderes, y el propio estado de derecho en el cual está asentado el sistema democrático, instando a otro poder, el Legislativo, en forma pública a que avance sobre el Poder Judicial de la Nación, y juzgue a jueces por sus sentencias dejando un antecedente grave para la seguridad jurídica presente y futura del país.

• Cambio

La demora de miles de causas obedecería a la necesidad de cambios en ese tribunal, que harían posible obtener por mayoría un voto como el del Dr. Boggiano, tan aberrante como las normas que pretende validar. Se estaría incurriendo de esta forma en el delito de retardo de justicia previsto en el Código Penal, más allá de que, de pronunciarse una sentencia como la que propone el voto de Boggiano, se incurriría en prevaricar en contra de las leyes superiores de la Nación.

La anticipación pública del voto del Dr. Boggiano le impone el deber de excusarse en virtud de lo que establece en el art. 30 y 17 del Código de Procedimientos de la Nación. Así lo impone la ley so pena de incurrir en la causal del «mal desempeño» como expresamente lo establece el art. 32 del citado cuerpo legal y pasible de juicio político.

Por supuesto que este accionar no será seguramente tomado en cuenta por la pobre capacidad intelectual de quienes regentean la Comisión de Juicio Político, ya que ésa es la orden que habrían recibido del Poder Ejecutivo: amedrentar a todo aquel juez que vote conforme a derecho, en los casos del derecho de propiedad, restituyendo como no puede ser de otra forma, de acuerdo con el artículo 17 de la Constitución nacional, como lo hiciera la Corte en los casos «Smith» y «San Luis».

• Causal

Todo aquel juez que no esté en sintonía con el plan firmado y acordado por Lavagna ante el Fondo Monetario y la «comunidad financiera» como lo afirma el propio ministro públicamente, es para éste y para el anterior gobierno causal de juicio político.

Esa sería la realidad tangible, disfrazada perversamente de transparencia, buscar su propia «mayoría automática», cometiendo los mismos vicios recurrentes del justicialismo en el poder.

Pero con el agravante esta vez de que el Estado no sólo permite la confiscación de bienes, sino que con decretos y protección, desde el Ministerio de Economía y el Banco Central, confisca en favor de otros, permite a los bancos realizar retención indebida y malversar bienes de los particulares, de sus propios clientes, quienes aportan la materia prima para que existan los bancos.

Insto a los ciudadanos a seguir con sus recursos judiciales y la lucha pacífica por sus derechos, dadas como están las cosas quizá no podamos resistir el embate de las malas políticas por sobre la ley, inequívocamente dirigidas a frustrar el derecho de miles de personas. Pero tengan por cierto que las políticas son efímeras y más tarde o más temprano quienes cometen crímenes de lesa patria serán juzgados. La historia así lo demuestra.

(*) Representante de ahorristas