La Inspección General de Justicia decidió limitar las operaciones de las fundaciones y asociaciones civiles que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires. La idea es que este tipo de sociedades sólo realice actividades vinculadas con operaciones «sin fines de lucro» y que persigan «el bien común». Sin embargo, varios analistas critican que en realidad las nuevas disposiciones sólo harán que las fundaciones tengan menos posibilidades de conseguir financiamiento, además de condicionar su funcionamiento con controles que no tienen que ver con evitar fraudes.
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