Son casi 700 las causas contra la Argentina radicadas en Nueva York por el default. Este diario ayer accedió a detalles de los últimos movimientos dados por las dos partes, acreedores y la Argentina, ante el juez Griesa. Lo más importante pasa por la negociación entablada por los abogados del país -sobre la base de lo dispuesto por Roberto Lavagna- y bonistas. Se confirma que hubo una suerte de canje: la Argentina no traba el inicio de demandas, pero a cambio recibirá toda la información relacionada con los tenedores de bonos. Seguramente desde el Congreso sobrevendrán críticas -Néstor Kirchner ya lo hizo- por la decisión del ministro.
Este es el facsímil de la carta enviada por los abogados que representan a la Argentina frente a los bonistas al juez neoyorquino Thomas Griesa, en la que se acepta lo acordado en la última audiencia.
En contra de lo que establece la ley votada por el Congreso Nacional, el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H), que representa a la Argentina frente a la Justicia neoyorkina, está negociando con los bonistas que quedaron fuera del canje de deuda. De modo que el ministro Roberto Lavagna habría dado el visto bueno para iniciar negociaciones a espaldas del Congreso.
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Ello surge del texto de la carta enviada el lunes pasado por Jonathan Blackman, del estudio CGS&H, al juez Thomas Griesa, en la cual le informa que el 28 de setiembre pasado la República Argentina y la provincia de Buenos Aires han aceptado la propuesta planteada en la audiencia realizada el 13 de setiembre pasado en la Corte neoyorkina. En dicha oportunidad los abogados del país aceptaron desistir de la defensa de la posición argentina a cambio que los bonistas acrediten la tenencia de los bonos en default. En simple-romance, esto implica aceptar negociar, ya que la Argentina ha perdido toda defensa de fondo, es decir, aquella que se argumenta por ejemplo por inmunidad soberana. «La Argentina ya perdió los juicios porque ahora ha renunciado a la defensa procesal, tras perder la de fondo», explicó a este diario un abogado cercano al proceso.
El gobierno parece así ganar tiempo con vistas a las elecciones, ya que las sentencias de las 670 demandas individuales presentadas en los tribunales de Nueva York saldrán favorablemente en unos seis meses. Estas demandas implican juicios por u$s 1.500 millones. Según criterio de los especialistas, están perdidos. Pero a éstas se agregan las demandas «class action» por u$s 3.300 millones que son juicios colectivos que se destraban al salir favorables los reclamos individuales, porque la Argentina se aleja de todo acuerdo posible. De modo que 70% de la deuda en default bajo jurisdicción Nueva York tendrá resolución a favor de los bonistas que no entraron al canje.
En la audiencia del 13 de setiembre, Griesa les recriminó a los abogados de la Argentina la poca colaboración con la Corte de Apelaciones diciéndoles que habían obstruido a la Justicia con demasiados pasos burocráticos. Frente a esto los representantes argentinos dispusieron desistir de la defensa del país a cambio de que los acreedores presenten constancia de la tenencia de los bonos en cuestión. Luego enviaron la carta a Griesa informándole que se aceptó la propuesta de la audiencia. Tampoco habrá discusión de derecho de fondo, por lo que los juicios saldrán con sentencia en contra de la Argentina. Cabe recordar que la deuda en default se encuentra distribuida 35 por ciento bajo legislación de Nueva York, otro 33 por ciento en tribunales de Londres y el resto en Francfort.
Las 670 demandas tramitadas en Nueva York por parte de 21 estudios de abogados patrocinantes constituyen el volumen más importante de juicios contra la Argentina.
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