La Argentina levantará el secreto bancario y bursátil sobre operaciones financieras cuando el Estado las sospeche por lavado de dinero. La novedad y lo riesgoso es que será sin la previa autorización de un juez, como hasta ahora. Sólo con el pedido de la Unidad de Información Financiera -un organismo del Ministerio de Justicia- bancos, sociedades de Bolsa o la Caja de Valores deberán entregar información reservada sobre ciudadanos. El país lo hará ante la presión internacional que amenaza con expulsarlo del GAFI -centro de combate mundial contra el lavado y financiamiento del terrorismoel 25 de junio si no modifica sus controles. El problema no es la entendible persecución a narcolavadores o terroristas, sino los preocupantes antecedentes que se registraron en el país. Por ejemplo, el caso de las "cajas" de Elisa Carrió donde se terminó ventilando el patrimonio de argentinos acusados de delitos financieros inexistentes y nunca comprobados por la Justicia. El GAFI pidió también levantar el secreto fiscal, pero aquí la AFIP puso un límite y lo hará sólo por pedido de un juez . Ayer, los diputados de Finanzas firmaron el dictamen a pedido del Ejecutivo y en una semana estarán en condiciones de votarlo.
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El problema no es el lógico combate que se debe hacer al lavado de dinero, sino la historia argentina en la materia donde se han cometido excesos acusando a inocentes en medio de procesos políticos, como fue el recordado caso de «las cajas» con información de cuentas que
Para ajustar al país a las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se terminó avanzando peligrosamente en el levantamiento del secreto bursátil y bancario.
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