El gobierno de Néstor Kirchner reprivatizaría en mayo el Correo Argentino, luego de haberle rescindido la concesión al grupo Macri en noviembre pasado. Se licitaría 20% de las acciones y ganará el que ofrezca mayor precio, dentro de ciertos requisitos técnicos y patrimoniales. Esto quiere decir que hay precio para entrar en el negocio, pero no se pagará canon. El resto del capital se colocaría gradualmente en la Bolsa, y el Estado se quedará con la acción de oro y el poder de veto sobre decisiones que puedan comprometer la existencia de la empresa. En medios oficiales se asegura que el nuevo operador no tendrá exclusividades, ni garantías frente a la competencia. También, que no se reducirá el personal (12.000 empleados) y que no se impondrán nuevas condiciones laborales. Es decir, el nuevo concesionario no tendría ninguno de los beneficios que reclamaba el grupo Macri. La única diferencia que se estudia es que todos los prestadores postales, incluido el propio Correo Argentino, solventen -en proporción a su facturación-el llamado servicio universal, que es la obligación de llegar a todas las localidades del país.
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Estos son hasta ahora los ejes del proyecto de reprivatización del Correo que se está elaborando en el Ministerio de Planificación y la Secretaría de Comunicaciones, pero que recién terminará de definirse en febrero, para empezar a vender en marzo el pliego de la licitación. Entre los aspectos todavía en debate está qué participación quedará para los trabajadores, lo que modificará los porcentajes que hasta ahora se manejan en términos globales.
Sin embargo, ya está total-mente definido que el gobierno no pedirá un canon al operador del servicio, y también se advierte que el ideal para la administración Kirchner sería una sociedad operadora donde convivieran como socios capitales locales con algún correo inter-nacional de primera línea (en la anterior licitación se requirió el asesoramiento técnico de un operador postal que estuviera registrado en la Unión Postal Universal, pero no fue necesario que participara de la sociedad).
Además de la forma de privatizar, el otro cambio que se estudia con relación a la concesión que tenía el grupo Macri es que la prestación del servicio universal, al que está obligado el Correo Argentino, será solventada por todos los prestadores del servicio postal en proporción a su facturación.
Según lo que se sabe hasta ahora, no habrá cambios en el marco regulatorio actual para la actividad postal. Esto significa que el nuevo operador no tendrá franjas exclusivas del mercado, salvo la que tenía el grupo Macri en cuanto al carácter filatélico de los sellos postales del correo oficial.
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