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La preocupación inmediata de las entidades pasa por el 31 de marzo, cuando deben cerrarse los balances trimestrales. «Ningún auditor estará dispuesto a firmarlo, ante la cantidad de incógnitas que subsisten», explican. En ese sentido, el eventual fallo redolarizador de la Corte que favorecería a todos los ahorristas del «corralón» cambiaría de un día para el otro los pasivos por ahora pesificados de las entidades.
La otra cuestión que preocupa, sobre todo a los bancos del exterior, es que el activo tiene cada vez mayor proporción de bonos del Estado. Según había calculado el titular de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Mario Vicens, actualmente 60% del activo está compuesto de títulos públicos.
Esa estimación, que corresponde a noviembre del año pasado, no cambió sustancialmente. Y, considerando los bonos correspondientes a las compensaciones pendientes más lo que llegaría por un eventual fallo redolarizador, podría directamente «nacionalizar» la banca. Esto significa que la subsistencia de las entidades, tanto públicas como privadas, depende casi exclusivamente de que el gobierno pague puntualmente los intereses y el capital de los bonos.
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