Para avanzar en la solución del restablecimiento de los medios de pago, piedra fundamental para resolver el resto, es necesario partir de una visión de cuál debe ser la estructura del nuevo sistema financiero, para que las medidas que se adopten no interfieran con el diseño de largo plazo.
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Para avanzar en la solución del restablecimiento de los medios de pago, piedra fundamental para resolver el resto, es necesario partir de una visión de cuál debe ser la estructura del nuevo sistema financiero, para que las medidas que se adopten no inter-fieran con el diseño de largo plazo.
La política de liquidez fue reformulada, a partir de la experiencia de la crisis del tequila, fijando un requisito mínimo de liquidez de veinte por ciento para todos los pasivos de corto plazo. Esto significa que por cada cien pesos o dó-lares de depósitos el banco debía disponer de veinte dólares en activos internacionales con amplia liquidez, de forma tal que, si el sistema perdía temporalmente la confianza de los depositantes, los bancos pudieran atender los retiros sin tener que afectar el nivel de crédito doméstico. Esencialmente, esta política equivalía a aceptar que el prestamista de última instancia debía ser provisto privadamente mediante la constitución de esta masa de liquidez. Esta liquidez fue complementada por vía de un acuerdo de préstamo contingente con un grupo de bancos internacionales para proveer liquidez internacional, dando como garantía activos de los bancos.
Esta reformulación probó ser apropiada para soportar crisis externas de gran magnitud, como fueron las del sudeste asiático, el default de Rusia y la devaluación de Brasil. Sin embargo, este esquema no previó la posibilidad de una crisis de origen interno de la magnitud de la actual. Cuando la causa es interna, y las autoridades económicas no aciertan con su solución, la pérdida de confianza puede llegar a los límites que hemos experimentado en la Argentina, donde durante los once primeros meses de 2001 el sistema financiero perdió casi veinte mil millones de pesos o dólares de depósitos (alrededor de 22% de los depósitos) y hubiera perdido más si no se hubieran dispuesto las medidas de congelamiento del 1 de diciembre.
Los costos impuestos por esta crisis son enormes. El congelamiento de los depósitos ha dado un golpe mortal a la cadena de pagos. El impacto de esta destrucción sobre el nivel de actividad económica es de una magnitud difícil de ponderar. Un indicador que nos puede dar una idea de ese orden de magnitud es el hecho de que el producto bruto en el último trimestre ha caído a una tasa anualizada de 17% y diciembre, cuando las medidas rigieron a pleno, fue de ¡22%! O sea que en un año, a esta tasa, perderíamos más de cuarenta mil millones de dó-lares.
Esta crisis ha mostrado la conveniencia de aislar el sistema de pagos de la confianza de los depositantes (algo que muchos en el Banco Central --especialmente Roque Fernández, Pablo Guidotti y Aquiles Almansi-siempre pensamos, aunque parecía ser demasiado caro. A la luz de la actual experiencia, pareciera que nos equivocamos y que hubiera sido una inversión sumamente rentable para el país). De tal forma, cualquiera sea el motivo de la crisis, los medios de pago deberían poder seguir funcionando sin mayores tropiezos.
Una propuesta que puede contemplar estas necesidades es distinguir entre dos tipos de instituciones financieras: unas, destinadas a operar en medios de pago y otras, destinadas a canalizar el ahorro a la inversión productiva.
Las primeras, llamémoslas bancos de pago, tendrían un altísimo porcentaje de reservas líquidas en sus activos. Estas reservas deberían estar en activos en la misma moneda en que están expresados sus depósitos, de forma que -cualesquiera sean los avatares de la confianza en el sistema financiero-el banco siempre podría atender el retiro total de sus depósitos en la moneda en que éstos estuvieran pactados. De esta forma, la actividad económica estaría al margen del riesgo de quiebres en la cadena de pago.
Las segundas, llamémoslas bancos de inversión, estarían orientadas a canalizar el ahorro a la actividad productiva y tendrían un nivel de requisitos de liquidez similar a los actuales.
Obviamente, los requisitos de liquidez del nuevo sistema son mayores que los del anterior. ¿Pero cuánto mayores? Tomemos como referencia los pasivos de los bancos a diciembre del año 2000: de un total de depósitos de ochenta y seis mil seiscientos millones de pesos (o dólares), seis mil quinientos millones estaban en cuenta corriente, trece mil millones en caja de ahorro y el resto en plazo fijo u otro tipo de depósitos. O sea que los medios de pago representaban 22% del total de depósitos. Por lo tanto, si se crearan los bancos de pago con lo que eran los saldos de cuentas corrientes y cajas de ahorro, y se les impusiera 60%-80% de requisitos de liquidez, y se mantiene sobre los bancos de inversión un requisito de 20%, el total de requisitos de liquidez aumentaría en 40%-60% sobre los depósitos en cuenta corriente y caja de ahorro. Esto implica una necesidad adicional de requisitos de liquidez de unos ocho a doce mil millones de dólares. Vale decir que se incrementarían en casi 100% los requisitos de liquidez.
Podría argumentarse que los medios de pago tienen menor volatilidad que los depósitos a plazo fijo, por lo que parece ilógica esta diferencia de liquidez internacional; sin embargo, la magnitud del costo que impone el quiebre de la cadena de pagos es tan sustancial que, aun cuando la probabilidad de que se produzca este evento es pequeña, la cobertura de ese riesgo puede justificar el costos de esta detracción de ocho a doce mil millones de dólares al crédito doméstico.
No se trata, sin embargo, de sólo aumentar los requisitos de liquidez sino de cambiar la estructura del sistema financiero de forma tal de independizar los medios de pago de la confianza de los ahorristas. El sistema financiero resultante será caro pero, tal vez, el más barato para la Argentina, dado el resto de nuestras instituciones fiscales y monetarias.
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