El lunes Duhalde recibió a Lavagna, quien le planteó su posición y la necesidad de respetar el actual statu quo fiscal para 2002 y pensar sólo en un bono a no menos de 5 años, tanto para empleados públicos como para jubilados.
• La liquidación total comenzará desde enero de 2003 y no antes, ya que en el decreto queda explícito que los costos de esta medida deben incluirse en la ley de presupuesto para el próximo ejercicio. Esta aclaración incluye los bonos, con lo cual el pago en títulos del retroactivo para el período junio 2001-diciembre 2002 comenzará el próximo año.
• El texto del decreto no menciona el contenido del título público. Simplemente aclara que se deberá emitir en la forma que indique la ley de presupuesto.
• En el artículo cuatro del decreto se menciona que la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía establecerán las normas complementarias para la liquidación del retroactivo para los empleados de la administración pública nacional, poniendo en funcionamiento un grupo de trabajo ad hoc. Es claro que en este caso se optará por la emisión de un título para un plazo de entre cinco y diez años, en pesos y actualizado por el índice CER. De todas formas, el decreto establece, además, la posibilidad para las partes (el Estado nacional y los gremios estatales) de negociar otras formas de liquidar este retroactivo más adelante, una herencia para el futuro gobierno.
• En el artículo 6 del decreto se establece que la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Trabajo establecerán las normas complementarias para instrumentar el pago del retroactivo para los jubilados, para lo que se formará otro grupo de trabajo entre las dos reparticiones. Será en este ámbito donde Camaño planteará la necesidad de que esta liquidación respete la máxima de un título público
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