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El Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia fue el que salió a informar la semana pasada que habría una tarifa social obligatoria para hogares de escasos recursos en todo el territorio provincial.
La información que había provocado fuerte malestar en EDEN y EDES, no coincidió después con el decreto reglamentario de la Ley 12.698 que se firmó la semana pasada, aunque puede interpretarse que fue una fuerte presión pública del gobierno bonaerense.
Las autoridades de Buenos Aires vienen insistiendo con la aplicación de una tarifa social, aun para Edenor, Edesur y Edelap que están bajo jurisdicción nacional. Todas las eléctricas, incluidas las de AES, sostuvieron que «lo único posible es una rebaja o eliminación de impuestos» para los hogares de menor poder adquisitivo, siendo que los gravámenes oscilan entre 34% y más de 50% según las localidades.
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