El Senado dio hoy media sanción al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que busca estimular las inversiones en bienes de capital tanto en el sector industrial como en el de obras de infraestructuras, a través de ventajas impositivas.
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El proyecto fue discutido por el Senado sobre tablas y aprobado con 49 votos positivos y 4 en contra, por lo que ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados para ser convertido en ley.
La discusión de la norma quedó habilitada luego de que el ministro de Economía, Martín Lousteau, se reuniera con los jefes de bloques y el titular de la Cámara, Julio Cobos, con quienes acordó que su cartera será la autoridad de aplicación de los beneficios.
El proyecto impulsa un régimen transitorio para el tratamiento fiscal de las inversiones entre octubre de 2007 y septiembre de 2010, como continuación del que fue instituido por la Ley 25.924 en el mismo sentido en 2004.
La norma impulsada por el Ejecutivo establece que quienes resulten alcanzados por el proyecto podrán obtener la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los bienes de capital destinados a la actividad industrial y a obras de infraestructura o, alternativamente, practicar en el Impuesto a las Ganancias su amortización acelerada.
El proyecto aclara que no se puede acceder a los dos beneficios en un mismo emprendimiento, excepto cuando se trata de un proyecto que exporta el cien por ciento de lo que produce.
También podrán acceder a ambos estímulos aquellas empresas cuyos proyectos, además de cumplir con los requisitos propios del proyecto de inversión, se encuentren enmarcadas dentro de un plan de "producción limpia" o de "reconversión industrial sustentable".
El proyecto también aclara que "a efectos de poder mensurar con precisión el sacrificio fiscal que implica el tratamiento que se otorga, y en aras de un estricto control presupuestario, se dispone de un cupo fiscal anual aplicable a los proyectos de inversión en actividades industriales".
Ese cupo fiscal es de 1.200 millones de pesos por año, de los cuales 1.000 serán para proyectos de inversión en actividades industriales y el resto para iniciativas pymes.
Para los fideicomisos el cupo fiscal no tiene límites en la ley, por lo que el monto deberá ser fijado por el Poder Ejecutivo Nacional.
El proyecto pudo ser discutido hoy sobre tablas porque el gobierno aceptó una modificación para que quede establecido que sea el Ministerio de Economía la autoridad de aplicación del beneficio.
El expediente original dejaba a criterio de la Presidencia designar a la autoridad competente.
El tema se destrabó luego de una visita que el ministro Lousteau hizo al Senado para reunirse con los presidentes de los bloques.
"Es un proyecto muy importante. Todos los bloques están de acuerdo con él. La ley resuelve un elemento crucial en todo emprendimiento que es la financiación", dijo Lousteau al retirarse de las oficinas de Cobo tras casi una hora de reunión.
Desde el oficialismo, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el cordobés Roberto Urquía, defendió el proyecto en la sesión argumentando que "le hace muy bien a la economía en su conjunto" y agregó que es "una buena señal hacia fuera del país".
"El mundo está transitando una coyuntura complicada. Pero por la fortaleza de la economía argentina, tenemos altas chances de que la crisis externa no nos toque", remarcó el legislador kirchnerista.
Por su parte, el titular del bloque radical, Ernesto Sanz, adelantó que su bancada estaba "a favor de esta herramienta" porque "define todo un perfil del rol de la intervención del Estado en la economía".
No obstante, criticó que "no hubo demasiado celo en verificar que esta herramienta de promoción" haya "bajado el costo de la obra pública".
En tanto la referente de la Coalición Cívica por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Estenssoro, dijo que su bloque, en coincidencia con los dos legisladores del ARI, votaría en contra del proyecto por considerarlo "un modelo no adecuado porque es discrecional".
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