Memoria activa

Felisa Miceli

Seguramente, ciertas lagunas en sus currículum son por distracciones o por falta de sensibilidad periodística en la pesquisa, no porque los protagonistas imaginen tropiezos personales cuando el Presidente se entere de que sirvieron a determinadas administraciones. A esta altura, se estima que ya no habrá de repetirse una situación como la de Carlos Sánchez Herrera, hijo del asesinado general Juan Carlos Sánchez en tiempos de la guerrilla, quien fue designado procurador de la Nación y luego destituido a los pocos días debido a que Kirchner, quien lo tuvo como abogado en la provincia de Santa Cruz para temas petroleros, dijo enterarse -debido a la denuncia de un diario- de que Sánchez Herrera había asesorado a familiares de militares asesinados.

Sin duda, en esos ocho años transcurridos bajo el régimen militar, la economista debe de haber incorporado una notable versación profesional.

Este vacío biográfico también se extiende al abogado Mac Laughlin, de 63 años, mayor que su nueva jefa, quien tuvo roles más protagónicos en las administraciones militares previas a la democracia, período tan vituperado por el actual mandatario. Entonces, debido sin duda a sus condiciones técnicas, Mac Laughlin fue convocado para ocupar la clave Secretaría de Economía de la Municipalidad de Buenos Aires, organismo que entonces conducía el ya fallecido Guillermo Del Cioppo y que entonces respondía (recordar que las tres Fuerzas Armadas se repartían de a 33% el control del país y de sus organismos) a la Aeronáutica. Quien hoy jura no sólo descolló en ese ciclo militar; también lo hizo en otro período varias veces objetado por el mandatario: fue asesor de Domingo Cavallo y participó de los programas de privatización en materia de electricidad y también de Gas del Estado. Tan importante fue su rol que hasta lo convocaron como testigo especializado en la demanda que la empresa norteamericana LG&E presentó contra el Estado argentino en el CIADI (por 268 millones de dólares). Casi no se le reconocen estos datos al doctor Mac Loughlin, quizá porque su responsabilidad mayor estuvo en la colocación y administración de los voluminosos fondos de Santa Cruz en el exterior por orden del gobernador Kirchner, esos cuya multiplicación todavía se desconoce.