Llovieron acusaciones sobre Guillermo Moreno, ayer, por parte del fiscal Carlos Stornelli. Al parecer, hizo uso y abuso en el INDEC, le cargan violaciones múltiples y la semana próxima, el juez Rodolfo Canicoba Corral resolverá sobre la situación del funcionario. Ya
pesaba sobre el «todoterreno» el reclamo de otro fiscal, Manuel Garrido, quien había pedido que lo sacaran del cargo. Malas noticias para quien, en Africa, parece haber encontrado un dictador como émulo.
El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó ayer la declaración indagatoria del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y de la directora del Indice de Precios al Consumidor (IPC), Beatriz Paglieri. De esta manera, la investigación que inició en los primeros días de junio y las pruebas aportadas por los técnicos del organismo llevaron al fiscal a sospechar de una presunta violación del secreto estadístico y de la manipulación de los índices que elabora el INDEC.
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El pedido fue realizado por el fiscal ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien deberá analizar el extenso fallo y decidir si las pruebas son suficientes como para sospechar de los funcionarios y así aceptar o rechazar el pedido de indagatoria.
La acusación de Stornelli sería por la presunta comisión de los delitos de « violación de secretos y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público». En ella también se pide la declaración indagatoria de los tres empleados que Paglieri incorporó al INDEC como ingresadores de datos del IPC en febrero. Sus nombres son: Ulises Valentim, Marcela Filia y Celeste Cámpora-Avellaneda.
A estos también se suma el pedido de indagatoria de Ana María Edwin, quien actualmente se encuentra desempeñando el puesto de directora adjunta del INDEC y que ocupaba la dirección de Recursos Humanos en febrero.
Según confirmó Canicoba Corral a este diario, el expediente llegó a sus manos ayer por la tarde y estimó que para la semana próxima ya tendrá una determinación.
Es importante tener en cuenta que si se rechaza el pedido de Stornelli, la investigación no quedará abandonada. Es más, Canicoba Corral explicó que se puede continuar en la misma línea y reunir más pruebas que sustenten las sospechas de violación del secreto estadístico en el INDEC.
Denuncia
La causa se inició por denuncia de la Asociación Civil «Asamblea por los Derechos Sociales», tras el desplazamientode la ex directora del IPC, Graciela Bevacqua, a fin de enero de este año, cuando se negó a entregarle a Moreno datos correspondientes a los comercios que son encuestados todos los meses para obtener los precios con los que luego se calcula la inflación.
En ese momento se nombró a Beatriz Paglieri como interventora del IPC, quien luego fue designada directora por decreto. A partir de ese momento comenzaron los «retoques, las presiones, los policías adentro del organismo controlando la labor de los técnicos del IPC y últimamente, la alteración de la base de datos del IPC, al borrar los precios de los productos que superaban los valores deseados por el gobierno», según denunciaron los mismos técnicos.
Todo esto desencadenó la investigación y la sospecha de Stornelli, quien en su dictamen especifica que «se han reunido elementos probatorios que importan considerar que desde el año pasado el titular de la Secretaría de Comercio Interior habría desplegado actos en abuso de sus funciones que consistieron en el instigamiento desplegado hacia funcionarios del INDEC para que éstos aportaran información amparada por el secreto estadístico».
«Asimismo, se ha reunido información que importa sospechar que desde febrero del corriente se desplegaron conductas en violación a tal secreto estadístico, que tuvieron por actores principales a determinados colaboradores de la nueva directora del IPC y a ella misma, que se desarrollaron a partir de su propio quehacer y que habrían tenido como destino la Secretaría de Comercio Interior», agrega.
Dictamen
Paralelamente al análisis de Stornelli, el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, inició su propia investigación en marzo, cuando recién comenzaba el conflicto. Esta lo llevó a dictaminar que se tenía que remover a Moreno de sus funciones y que a Paglieri se le debía prohibir el ingreso al INDEC. También solicitó que se corrigiera el índice de inflación que había sido manipulado. Estos pedidos ya fueron elevados al procurador general de la Nación, Esteban Righi, en al menos dos oportunidades sin respuesta alguna. Pero ahora el conflicto en el INDEC se intensificó y ya no afecta solamente a los cálculos de la inflación sino también a los de pobreza e indigencia ( vinculados con la Encuesta Permanente de Hogares). Una sección del INDEC que ha sufrido modificaciones en esta última semana, cuando la dirección del organismo, a cargo de Alejandro Barrios y Ana María Edwin, decidió desplazar a Cynthia Pok, directora de EPH. Estos hechos lo llevaron al fiscal Garrido a continuar con la investigación y a tomarle declaración durante 6 horas seguidas a Pok este miércoles.
Ante esta situación Garrido pidió ayer al fiscal Stornelli que amplié su investigación judicial, la cual se suscribió sólo al cálculo del IPC. Se le pide que tenga en cuenta las modificaciones de la EPH que afectan las mediciones de pobreza e indigencia.
También pidió a Barrios que se expida sobre la situación laboral actual de Pok, quien ha sido obligada este martes a tomarse vacaciones.
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