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De esta manera, el Poder Ejecutivo habilitó ayer por decreto (2.253/02) a la Secretaría de Hacienda para que transfiera un total de 111.083.000 en pesos y/o LECOP, facultando a esta cartera a «disponer la cancelación de los anticipos otorgados con más los intereses que se devenguen, la que se efectuará mediante la afectación de las respectivas participaciones en el Régimen de la Ley 23.548 o el que lo sustituya y en otros recursos coparticipables sin afectación a un destino específico».
Los gobiernos provinciales deberán en contrapartida disponer de dos cuestiones: por un lado, «la afectación de sus participantes en el Régimen de Distribución de Recursos Fiscales entre Nación y las provincias establecido por la Ley 23.548 o el régimen que lo sustituya y en otros recursos coparticipables sin afectación a un destino específico, a fin de cancelar los fondos que se otorgan», según precisa el Decreto 2.253/02; y también deberán disponer de la autorización del gobierno nacional «para retener automáticamente los fondos emergentes» de dicha ley.
La norma prevé que la Contaduría General de la Nación registre estas erogaciones «en concepto de anticipos de fondos de la Tesorería General de la Nación».
Según explica el decreto nacional, el dinero está destinado a que las provincias hagan frente a la complicaciones generadas por la disminución de recursos de origen nacional, ocasionada principalmente por el cobro de impuestos federales con títulos públicos no coparticipables.
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