La posibilidad de aumentar tarifas de los servicios públicos a través de decretos de necesidad y urgencia se interpreta más como una declaración del ministro Roberto Lavagna para el Fondo Monetario, que como un hecho factible y de rápida instrumentación. Si la Justicia frena las audiencias públicas programadas para la semana próxima por amparos de entidades de consumidores, también parará los decretos. Y, si realmente decidido a subir tarifas, el Ejecutivo va vía per saltum a la Corte, se podría encontrar con una respuesta adversa.
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Lavagna dijo que, «si no se puede avanzar, se procederá con los decretos de necesidad y urgencia», pero también indicó que esas normas estarán igualmente sujetas a lo que diga la Justicia.
«Desde el principio, nosotros creemos que la posibilidad de aumentar las tarifas depende de la decisión política del gobierno», dijo el vocero de una empresa eléctrica. Agregó: «La forma de hacerlo no tiene importancia para nosotros, lo esencial es que se autorice una suba lo más rápido posible».
En las telefónicas señalaron que «el camino del decreto es posible, pero depende de las condiciones políticas en el Congreso y de la decisión de encarar una controversia rápida en la Justicia, para llegar a la Corte Suprema y que ésta se expida».
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