El presidente de la asociación de ahorradores italianos que compraron bonos de deuda argentinos, Nicola Stock, invitó hoy a que éstos "reflexionen" sobre la adhesión a la última oferta de canje de bonos formalizada el pasado 3 de mayo por el ministro de Economía argentino, Amado Boudou.
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En una rueda de prensa en la Asociación de la Prensa extranjera de Roma, Stock, que preside la llamada "Task Force Argentina" (TFA), invitó a esta reflexión subrayando el largo plazo de expiración de los bonos que se aceptaría, que sería de 28 años.
El presidente de la TFA advirtió además de que las perspectivas de estabilidad para el país no son particularmente positivas.
Subrayó además que esta oferta se presenta como "una reapertura de los términos de la de 2005 pero que no vienen atribuidos a quien adhiere los intereses pagados sobre el título ligado al crecimiento económico de Argentina en los últimos cinco años, lo que representa cerca de 700 euros cada 10.000 euros nominales".
Sin embargo, Stock confirmó el vía libre a los acreedores e insistió en la importancia de que evalúen la oferta, a diferencia de lo que sucedió hace cinco años cuando la TFA desaconsejó la adhesión a la oferta de canje.
"El tiempo es un factor importante que incide en las evaluaciones de cada inversor individual, que debe tener en cuenta las condiciones ofrecidas y los pasos de las acciones legales que se han llevado a cabo hasta ahora", señaló.
Stock se refirió así al proceso abierto ante el Centro Internacional para la Solución de Disputas relativas a Inversiones del Banco Mundial (ICSID).
En esta línea, recordó que los 146 países que han firmado la convención del ICSID aceptan que el laudo arbitral de este organismo tiene el mismo valor que las más altas instancias judiciales de su país.
"Si Argentina en cualquiera de estos estados tiene liquidez o bienes que no sean objeto de su actividad diplomática pueden ser embargados sin necesidad de llevar a cabo una causa ulterior en estos estados", señaló.
Stock se refirió además a que en el caso de que en la fase de mérito el ICSID estableciera que Argentina tiene que pagar y la cantidad que tiene que pagar a los acreedores, la extinción de esta deuda tendría que llevarse a cabo en un plazo de seis meses. Preguntado qué sucedería en el caso de que aún en esta situación, Argentina no pagara, Stock recordó que el país está tratando de volver a nacionalizar algunas de sus empresas y señaló que desde la TFA se estará muy atento a este tipo de actuaciones.