Nueva ley del PAMI crea otra provincia

El PAMI contará, desde esta semana, con un nuevo marco jurídico que, entre otras cosas, obligará a que el Congreso apruebe una ley cada vez que se quiera intervenir la obra social de los jubilados, casi el mismo trámite que debe cumplirse para intervenir una provincia. Como todas las provincias, seguirá fuera del Presupuesto Nacional. Hasta ahora sólo bastaba con una decisión del Poder Ejecutivo para intervenirlo. Por si fuera poco, amén de recibir más de $ 2 mil millones de aportes de trabajadores en actividad y del Estado (de acuerdo con lo que fije el gobierno para los afiliados) como en la actualidad, podrá contar con ingresos extra provenientes del Tesoro dentro del Presupuesto Nacional.

Este jueves, el Senado tiene previsto votar el articulado que regulará la vida del PAMI. Se trata de un proyecto que llega de Diputados, donde se le dio media sanción en menos de 10 minutos, durante una de las últimas sesiones del período ordinario, el 21 de noviembre de 2001, a las 20.40, una maravilla de acuerdismo, ya que, por lo general, en las jornadas previas a los recambios legislativos del 10 de diciembre, salen proyectos a granel, sin demasiadas estridencias.

Con acuerdo de los bloques mayoritarios, no hizo falta que se discutiera en el recinto, ya que se consensuaron en comisión varias iniciativas, entre ellas, las de los peronistas Graciela Camaño y José Manuel Corchuelo Blasco. Curiosamente, la primera hoy es ministra de Trabajo, y Corchuelo se desempeña al frente del PAMI. No extraña, entonces, que el senador catamarqueño Luis Barrionuevo sea el más ferviente impulsor de la norma que será convertida en ley por la Cámara alta.

También la propuesta en proceso de aprobación definitiva declara «nulo de nulidad absoluta» cualquier disposición que delegue, ceda o transfiera a terceros las funciones de conducción, administración, planificación y evaluación. Y le resta poder al Estado en la conducción de la obra social, al mismo tiempo que traspasa cuotas mayoritarias a las organizaciones de jubilados que pasarán a manejar el PAMI con siete directores sobre un total de 11 miembros. Estarán autorizados a gastar hasta 8% del presupuesto en administración y funcionamiento, 3 puntos más de los que pueden disponer ahora.

El control estará limitado a una sindicatura ad hoc de tres integrantes, contador público, médico y abogado, respectivamente. Como máxima instancia, aparece la Auditoría General de la Nación -formada por delegados de los partidos mayoritarios con representación parlamentaria-, que podrá pedir la intervención del PAMI al Congreso.

El proyecto prohíbe, asimismo, la desregulación de la obra social. Esta cláusula movió a que los senadores de partidos provinciales, encabezados por Ricardo Gómez Diez (Renovador-Salta), presentaran una iniciativa para descentralizar el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, y transferir a las obras sociales provinciales los servicios del PAMI, con el giro de los recur-sos que percibe este último para atender a la clase pasiva.

El texto, que será discutido en el hemiciclo de la Cámara alta antes del fin de semana, dispone la formación del Directorio Ejecutivo Nacional. El DEN estará integrado por 11 directores, 7 en representación de los beneficiarios, 2 de los trabajadores activos (CGT) y los restantes lo harán en nombre del Estado.

En la actualidad, integran la cúpula 12 miembros, la mitad de los cuales es designada por el Estado, 4 corresponden a los jubilados y 2 a los trabajadores. En principio, el Estado pierde 4 sillas y la condición de primera minoría en la conducción, aunque se le concede el privilegio de poner al presidente de la obra social.

Los delegados de los jubilados, que pasarán a controlar la mayoría a partir de la sanción del proyecto, todavía son designados a través de propuesta de las organizaciones de la clase pasiva. Pero de ahora en adelante surgirán de una elección indirecta.

Para ello, se creará más burocracia con un Consejo Federal de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que será presidido por el máximo responsable del DEN y 6 representantes, 3 titulares y otros tantos suplentes, por cada unidad de gestión local que sustituirán a las delegaciones regionales.

El sexteto quedará consagrado por el voto directo y secreto de los afiliados al PAMI, en distrito único. Este consejo nominará a los 7 enviados al directorio nacional que corresponderán a otras tantas jurisdicciones (Capital Federal; Buenos Aires; la Mesopotamia; Córdoba y Santiago del Estero; Formosa-Chaco-Jujuy-Salta-Tucumán-Catamarca; Cuyo; y la Patagonia).