Otro intento que no bajará los precios

Esta semana el gobierno va a volver a insistir con otro acuerdo sectorial, el de la carne, que no va a servir de mucho -probablemente sólo será para la foto-ya que no soluciona ninguno de los problemas de fondo de la actividad. Más vale, insiste en acentuarlos. La realidad es que sigue faltando carne vacuna para los actuales niveles de demanda. La otra verdad es que no se crea oferta por decreto o, en este caso, no «aparece» más carne sólo por el voluntarismo oficial.

También es conocido, hasta por la experiencia de este propio gobierno, que, cuanto más se interviene en los mercados, mayores son las alteraciones, y más crecen la inseguridad y la desconfianza. Mal cóctel para inversiones de mediano y largo plazo como las que requiere buena parte de la actividad ganadera. Así, tal como están las cosas, las previsiones son que el producto sea más escaso, y no más abundante. Por lo tanto, los precios tenderán a subir y no a bajar (que es lo que pretende el gobierno), lo que, por otra parte, es lo que ya viene sucediendo, especialmente en los dos últimos años. Semejantes obviedades no parecen, sin embargo, ser registradas por muchos funcionarios, que insisten con sus recetas ya fracasadas, con el agravante de que, en los próximos meses, elecciones mediante, el poder adquisitivo interno va a traccionar más aun, de la mano de más que probables subas salariales, características de estos períodos. O sea, más demanda.

Hoy, con la recuperación operada, el consumo interno ya ronda los 70 kilos (por habitante y por año) después de haber tocado un piso de 57. Este nivel se logró, entre otras cosas, gracias al encorsetamiento de la exportación, que otra vez retrocedió -obligada-a no más de 15% del total de la oferta de carne. Por su parte, la producción, que había registrado un importante crecimiento en 2005 (sólo alentada por las buenas perspectivas internacionales), definitivamente se amesetó, y amenaza con caer a partir de los desaciertos oficiales. Conclusión, la demanda internacional sigue firme; la interna crece y promete seguir en los próximos meses, y la producción se estanca o retrocede. Para completar, el principal adversario del gobierno en su cruzada para controlar la inflación (y la carne parece haber sido elegida como «leading case»), es hoy el propio consumo interno, que aparece dispuesto a convalidar los aumentos que se le presentan, especialmente en los estratos medios y bajos, los que más «duelen» en el sector oficial.

Los datos son muy claros: desde el inédito cierre de las exportaciones de carne, en marzo del año pasado, y a pesar de los controles aplicados desde entonces, el índice que refleja el precio de la carne para Capital y Gran Buenos Aires subió más de 10%, según los datos que elabora el Instituto de Promoción de Carne (IPCVA). Lo llamativo es que el mayor porcentaje de suba se da en el nivel socioeconómico más bajo, con un crecimiento de casi 17%, mientras que el menor -5,3%- es para las carnicerías de Capital Federal donde compra, justamente, el poder adquisitivo más alto. La evolución del índice para los cortes ratifica esto: mientras el del lomo subió 8,14%; el del osobuco aumentó 15,5%; el asado de tira 14,2% y la falda 12,7%.

Ante esto, el hecho de que ahora el gobierno presente un nuevo (¿?) acuerdo que, entre otras cosas, generaliza los controles de precios y las intervenciones, suscita varias dudas y no pocas suspicacias.   

¿Por qué lo firma la mayoría de las entidades de la producción que venían reclamando la «liberalización» del Mercado de Liniers, si ahora se entronizan y oficializan los precios máximos mediante una «banda» para la hacienda en pie (aunque sea un escalón más arriba que en las informales listas de Moreno)?   

¿Por qué los empresarios de la producción y la industria frigorífica aceptan, y firman, la fijación y el control de precios?   

¿Por qué desapareció del texto del acuerdo original el párrafo que citaba taxativamente «la eliminación de toda intervención sobre los mercados de hacienda en pie?   

¿Por qué el sector oficial les saca a las empresas ganaderas cientos de millones de dólares vía retenciones y recorte de los reintegros, y ahora promete devolver u$s 70 millones para «alentar» la producción? ¿No son más eficientes los privados para asignar sus propios recursos?   

¿Por qué no están los carniceros ni el supermercadismo en el acuerdo cuando es sabido que los precios del producto siguieron subiendo aun cuando bajaban en Liniers y otros mercados?

Y, más allá de la foto que va a significar la más que probable firma de este nuevo papel, lo que pocos parecen recordar (públicos y privados) es que uno de los mayores daños que producen los controles de precios es la destrucción de los mercados de futuros, lo que, entre otras cosas, constituye una de las principales causas para desalentar las inversiones. Y es éste, justamente, uno de los ejes centrales del actual problema ganadero argentino.