El Foro Económico Mundial consultó a inversores de todo el planeta y se dio este resultado: la Argentina pasó del puesto 54º al 69° -15 lugares más abajo- en economía competitiva. El lunes se conoció del importante Banco Mundial que salvo 7 países africanos muy subdesarrollados, que preceden a la Argentina, somos el país del orbe más caro en desgastar empresas con elevadas indemnizaciones por reducción de personal, más legislación y justicia laboral antiempresa. ¿Creerá Kirchner que con estos récords que incita vía el moyanismo vendrán inversiones internacionales como pidió en Nueva York?
La competitividad argentina cayó abruptamente de acuerdo con el índice elaborado por el Foro Económico Mundial. El país ocupó el puesto 69 en el ranking, mientras que el año pasado se había ubicado en el 54. En instituciones, ocupa el lugar 118 sobre un total de 125 países. «El empeoramiento fue resultado del deterioro en distintos indicadores que captan aspectos del entorno institucional. La comunidad empresarial siente honda preocupación por los derechos de propiedad, la independencia del Poder Judicial, el despilfarro en el uso de recursos públicos, y la falta de equidad en las relaciones del gobierno con el sector privado», indicó el informe que acompaña los resultados de la encuesta realizada entre 11.000 empresarios de todo el mundo.
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De acuerdo con el ranking, Suiza, Finlandia y Suecia son las economías más competitivas del mundo. Las siguen Dinamarca, Singapur y Estados Unidos. En Latinoamérica, lidera Chile (27), y bastante detrás llegan México (58) y Brasil (66).
El reporte destacó que «el país se ve abrumado por un alto nivel de deuda del sector público y diversas ineficiencias del mercado, particularmente intensas en el mercado laboral, que sugieren un deterioro en la calidad del clima de inversión».
Economía
En un apartado titulado «El potencial desaprovechado de la Argentina», el Foro detalló su opinión sobre la economía Argentina»:
Durante el período comprendido entre 1960 y 2000, el PBI per cápita de la Argentina registró un crecimiento de 1%, inferior al de los restantes grupos de países, excepto el Africa subsahariana.
Es un país con un vasto potencial y una gran riqueza en recursos humanos y físicos. Su decepcionante desempeño es el reflejo de una combinación de mala gestión macroeconómica y retrasos a la hora de implementar infraestructuras «débiles» para el desarrollo exitoso: instituciones públicas de mayor calidad, una buena dirección, una mayor eficacia en las operaciones de bienes y de mercados laborales y financieros.
El mal desempeño del crecimiento de la Argentina refleja su lamentable trayectoria en gestión fiscal, causa principal del colapso del régimen de la tasa de cambio, el sistema bancario y la subsiguiente crisis política de 2001. Se necesita consolidar la reciente mejora en ese aspecto.
La Argentina, junto con los otros países latinoamericanos,con la posible excepciónde Chile, padece de una larga tradición de papeleo excesivo que pone freno a la creación de nuevos negocios y al desarrollo de una clase emprendedora. Los mercados laborales argentinos no son lo suficientemente flexibles, con fuertes restricciones para los empresarios que pretenden ajustar los salarios a las condiciones de la demanda.
En ciertos momentos, las actuaciones gubernamentales han sido totalmente incomprensibles; por ejemplo, recientemente decidió introducir un sistema de doble precio para la gasolina en función de la procedencia del propietario del vehículo, una decisión con elementos discriminatorios y de dudosa legalidad.
El índice de contratos y leyes otorgó a la Argentina la posición 97 este año. El mismo engloba una serie de aspectos del Estado de derecho: del marco legislativo y jurídico. Un claro ejemplo de la debilidad en este ámbito es la incapacidad del gobierno para negociar una gran cantidad de contratos de concesiones de servicios públicos, suspendidos por una normativa de excepción aprobada por el Congreso a principios de 2002, tras la suspensión de pagos. Transcurrieron más de cuatro años desde la suspensión de estos contratos, y el gobierno no avanzó ni un solo paso en el establecimiento de un marco claro para los contratos públicos relativos a los servicios de gas, electricidad, telecomunicaciones y agua, dice el trabajo.
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