Pagará gobierno alto costo por Río Turbio

Unas 4.000 personas despidieron ayer los restos de los trabajadores de la mina de Río Turbio, donde aún hay siete obreros desaparecidos.

El gobierno ratificó ayer que realizará inversiones para reactivar la mina de carbón de Río Turbio, luego del accidente del lunes que provocó la muerte de siete trabajadores y la desaparición de otros siete. Pero antes de poner en marcha las obras anunciadas a principios de mes, primero se deberá afrontar la reconstrucción del yacimiento tras los desmoronamientos, y pagar las indemnizaciones a las familias de las víctimas, incluyendo la posibilidad de que además se concreten juicios al Estado nacional y al gobierno de Santa Cruz.

La mina de carbón de Río Turbio, perteneciente a Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) hasta su concesión a un consorcio privado en 1994, estuvo siempre bajo jurisdicción del Estado nacional, y en este momento depende del Ministerio de Planificación, lo que explica la presencia del ministro Julio De Vido en la localidad santacruceña, a las pocas horas de producirse los hechos.

Pero a su vez, el poder de policía sobre las condiciones de seguridad y las laborales corresponde a la gobernación de Santa Cruz, y esto fue así aun durante la etapa en que estuvo concesionada al consorcio conformado por el grupo Taselli, el mismo que opera Ferrocarriles Metropolitano y debió salir en condiciones conflictivas de la empresa eléctrica de Catamarca.

La responsabilidad del gobierno nacional y del provincial sobre el accidente parece un hecho incontrastable, si se considera una versión confiable según la cual la Superintendencia de Riesgos del Trabajo había observado a principios de este año que en Río Turbio, el índice de accidentalidad duplica el promedio estimado para la actividad minera.

Hay quienes afirman que el deterioro del yacimiento comenzóa fines de la década del '80, cuando el carbón empezó a ser reemplazado por el petróleo y el gas natural para producir electricidad, calefaccionar y utilizarse en procesos productivos. Pero la decadencia se habría afianzado tras un proceso polémico de privatización que terminó con la adjudicación al grupo liderado por la Federación de Luz y Fuerza y Sergio Taselli.

Según el pliego de la licitación, la mina debía producir carbón sólo para abastecer a la central térmica de San Nicolás, lo que significaba unas 20.000 toneladas anuales, frente las 600.000 toneladas que se extraían en la década del '70. Para tan exigua producción, el pliego también otorgaba un subsidio de más de 20 millones de dólares al concesionario para pagar salarios.

• Desactivación

La mina fue paulatinamente desactivándose y sus bienes quedaron en desuso por falta de mantenimiento o enajenados. Estas y otras irregularidades, llevaron a que el ex ministro de Infraestructura de Fernando de la Rúa, Carlos Bastos, decidiera cortar el subsidio, tras lo cual el concesionario inició movimientos para retirarse e iniciar acciones legales, hasta que el contrato fue rescindido a mediados de 2002 por el gobierno de Eduardo Duhalde.

Recién en junio de este año, Kirchner planteó reactivar la mina con una inversión de $ 320 millones en tres años. El objetivo era -o es-pasar de una producción actual de 25 a 30.000 toneladas a unas 200.000 toneladas. El carbón de la mina es adquirido por una empresa holandesa que después lo revende a Chile dentro de un volumen mucho más grande.

El propósito oficial es venderle carbón directamente a Chile a través de Puerto Natale, que queda a pocos kilómetros de Río Turbio, para llegar desde ese punto al mercado del país trasandino. La necesidad de carbón se reanimó en Chile precisamente luego de la crisis del gas en nuestro país, y la empresa energética AES de EE.UU. recomendó instalar generadoras eléctricas a carbón.

Con los años algunas cosas cambiaron: hay tecnología para que el uso del carbón en generación eléctrica ya no sea contaminante, y el carbón de Río Turbio es apto para este fin, aunque sólo puede usarse en una proporción de 15 a 20% en la siderurgia para la producción de coque.

No obstante, la minería de carbón tiene fuertes consecuencias ambientales y se la considera altamente negativa para la salud humana, por lo cual es muy criticada por las entidades ecologistas y en los países desarrollados está sujeta actualmente a regulaciones muy severas.

En la Argentina, esto estuvo fuera de consideración tanto durante la concesión privada como con la posterior reestatización.