La primera tarea de diputados y senadores después de un largo descanso de invierno será analizar los contratos de Distrocuyo (la distribuidora de energía de Mendoza y San Juan) y Transener (la mayor transportadora eléctrica del país). En ambos casos, el gobierno vuelve a convalidar un aumento de tarifas, que impactará en empresas y comercios. Esta vez, se promete que habrá más celeridad: el Congreso no quiere que venza el plazo sin votarlos y el gobierno necesita demostrar algún avance en la negociación con el FMI.
Luego de esa discusión llegará el turno de otra más importante: la ratificación del acuerdo entre el gobierno y la En ambos casos, el Congreso se demoró en la aprobación por votación -sobre todo en el caso de los operadores portuarios donde exportadores e importadores cuestionaron la dolarización de las tarifas- y ésta quedó trunca al vencer el plazo establecido en la Ley 25.790, que establece que si las cámaras no se expiden sobre un acuerdo de renegociación sometido por el Poder Ejecutivo en un plazo de 60 días, la ratificación se dará automáticamente. Es lo que se conoce en la doctrina como
Ese «papelón» institucional de los diputados y senadores fue, además, una muestra de las debilidades que presenta el gobierno en el Congreso ya que la demora -aunque finalmente haya terminado con la aprobación «ficta»- dejó claro que toda la oposición se enfrenta con el peronismo por las condiciones en que se están renegociando los contratos con empresas, sobre todo en cuanto
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