En medio de la crisis que provocó la detención el sábado del dirigente rural Alfredo de Angeli, el juez de Instrucción de Entre Ríos, Carlos Ríos determinó que los cortes de ruta provinciales de ruralistas y transportistas que denunció el gobierno de Sergio Urribarri no constituyen un delito contra la seguridad y el orden público porque se trata de bloqueos esporádicos y no permanentes.
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De esta forma, el magistrado respondió a una presentación efectuada por el Poder Ejecutivo a última hora del viernes en la que consideró que los piquetes en las rutas provinciales «exceden los límites de tolerancia» para «incursionar en la faz delictiva penal».
Luego de recibir la presentación que efectuó el secretario Legal y Técnico del Ministerio de Gobierno, Guillermo Ledesma Maximino, en representación del gobernador Urribarri, el juez Ríos libró oficios a la Policía para que constate en los lugares de los cortes la modalidad de la protesta e identifique a las personas que protagonizan los piquetes.
Con los informes en mano, el magistrado consideró que el impacto de los cortes de ruta no tenía la envergadura tal y no se estaba alterando el orden público, y que los mismos se llevan adelante con intermitencia, de modo que la interrupción al tránsito no es total.
Y respecto del piquete en el acceso al Túnel Subfluvial Uranga-Sylvestre Begnis, entendió que no es de su competencia, según consignó «El Diario de Paraná».
Sucede que el juez de Instrucción actúa en las rutas provinciales, mientras que sobre las rutas nacionales la potestad la tiene el juez federal de Concepción del Uruguay, Guillermo Quadrini, quien el sábado ordenó a Gendarmería que libere la Ruta 14 en Gualeguaychú, lo que terminó con la detención del dirigente De Angeli y otros 18 ruralistas.
Mesura
Conocida la resolución del juez Ríos, el gobierno provincial prefirió la mesura, aunque encargado de la presentación judicial, admitió la «dificultad» para identificar a los protagonistas de los cortes, que es el paso previo necesario para imputar un delito.
El funcionario había manifestado en la presentación judicial que «desde hace largos meses por el conflicto agropecuario se ha alterado la libre circulación a través de las distintas rutas nacionales y/o provinciales, que el transcurso del tiempo torna imperioso que estos hechos sean puestos en conocimiento de la Justicia Penal de Instrucción, en el convencimiento que exceden los límites de tolerancia de una protesta común para incursionar en la faz delictiva penal».
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