Pero, además, deberá pagar a PeCom Energía por el resto del activo que no entró en la operación.
Una de las presunciones de los allegados a la familia Pérez Companc, que guarda la reserva que la caracteriza en estos casos, indicó ayer que «el gobierno tomó una decisión política, y tiene derecho a hacerlo, pero, como ocurre como cuando por interés nacional se deben derribar casas para construir una represa o una autopista, el Estado se va a ver obligado a expropiar la propiedad».
Por su parte, Petrobrás todavía no fijó posición oficialmente, pero todo indica que no dará marcha atrás con la operación, si sólo se excluye a Transener. De hecho, en la asamblea de accionistas de PeCom, realizada el viernes, se aprobó ya el cambio de nombre de la compañía que pasará a llamarse Petrobrás Energía, una vez que se apruebe la venta.
Un dato llamativo es que, tras las declaraciones del presidente Eduardo Duhalde y del ministro de la Producción, Aníbal Fernández, de quien depende, el secretario de Defensa de la Competencia, Gustavo Stafforini, debió salir a hacer una aclaración, para parar aparentemente cierto malestar en la Comisión de Defensa de la Competencia.
Dejá tu comentario