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Esas voces sostuvieron que, pese a las presiones del gobierno, en la Corte se considera que «los responsables de haber violado (presuntamente) la Carta Magna son el Poder Ejecutivo y el Legislativo al pesificar y devaluar, afectando el patrimonio financiero de miles de ahorristas que tenían depositado su dinero en los bancos». Es opinión generalizada en el máximo tribunal -más allá de las declaraciones del presidente y vice de la Corte-que les corresponde a esos dos poderes instrumentar las medidas que revoquen esa situación atentatoria contra los derechos constitucionales de los depositantes.
Precisamente, las decisiones tomadas en el acuerdo de la mañana apuntan en esta dirección: a) no se designaron los conjueces que iban a reemplazar a Enrique Petracchi y a Gustavo Bossert para darles tiempo a Augusto Belluscio y a Carlos Fayt para que reanalicen su voto, lo que llevará un tiempo prudencial; b) se buscará unificar distintos recursos y hasta es probable que se resuelva un caso distinto a los que están en carpeta, lo que también otorga mayor margen al gobierno para instrumentar sus medidas económicas, y c) se deslegitimará al ombudsman para no tener que fallar contra la pesificación en forma generalizada y de una sola vez sino caso por caso, lo que impide un efecto cascada y depredador de los depósitos bancarios.
Tampoco en la Corte ayer se entendió la respuesta del jefe de Gabinete. Atanasof sostuvo que el gobierno «sigue confiando en que imperará un criterio que contemple con justicia la situación de millones de deudores a quienes la pesificación de sus compromisos puso precisamente equidad en medio de semejante crisis». «Da la impresión de que ni siquiera lee los diarios porque ha trascendido -como lo anticipó
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