Plan sectorial: consumidores pagan el costo

Desde que comenzó la actual recesión, en 1998, varios economistas independientes expresaban temor porque se venía observando una intensa corriente de opinión que trataba de influir sobre la política económica para que, frente al shock externo negativo que estaba sufriendo la economía, se implementaran medidas abiertamente proteccionistas o disfrazadas de acciones de defensa sectoriales. Estas han encontrado recientemente un ambiente fértil, desde que la política macroeconómica ha virado hacia el «productivismo», basándose en la idea de que hay que intervenir y revertir la recesión. En la profesión económica existe un amplio consenso en que la integración de la economía argentina al comercio mundial es un requisito indispensable para una asignación de recursos eficiente en sentido estático y dinámico y que no habría peor escollo para el desarrollo productivo del país que la introducción de barreras al comercio. Aun cuando puedan existir diferencias sobre la forma en que deben implementarse ciertas intervenciones puntuales que tienen que ver con la evaluación competitiva de las industrias y sectores, las mismas han sido en los últimos años crecientemente enfocadas desde la perspectiva de la política competitiva y del bienestar de los consumidores. Para que una política económica sea aceptable debe demostrarse que se inscribe en el interés general y no daña a los consumidores, más aún si éstos se corresponden con hogares de bajos recursos. Al margen de esto, es cierto también que los lobbies contra los consumidores operan en todo el mundo: el reciente cierre -con el argumento de competencia «desleal»- a la entrada de la miel argentina y de las uvas chilenas al mercado estadounidense es un ejemplo elocuente. Los consumidores estadounidenses se van a quedar sin productos que a una relación precio/calidad aumentan notablemente su bienestar. También es cierto que hay que pelear por negociar contra estas acciones y no imitar esos desastres de política económica.

Los acuerdos negociados por el Ministerio de Economía con varios sectores, entre los que se destacan el del calzado, el de la indumentaria y el textil, son un ejemplo de una negociación entre el Estado, las cámaras empresariales y los sindicatos, en la que los consumidores han sido los convidados de piedra. El gobierno se compromete a reducir impuestos y a facilitar el control restrictivo del comercio exterior, los empresarios se comprometen a ayudar a monitorear ese control y a mantener las fuentes de trabajo, mientras que las organizaciones sindicales se comprometen a negociaciones futuras que incluyan cierta flexibilización. Los consumidores están ausentes en este arreglo o han sido mal representados por el gobierno, al tiempo que las asociaciones de consumidores han expresado, en este caso, una silenciosa solidaridad con «el otro lado del mostrador».

Logro

Este acuerdo en particular podrá ser aplaudido como un logro importante entre los tres participantes principales, pero no lleva implícito ningún compromiso de que los precios van a mejorar y la calidad a aumentar. Se podrá decir que las empresas de estos sectores no son formadoras de precios, como en el caso del sector automotor, en donde sí se han negociado traslados a los precios finales. Pero la sensación de la lectura del acuerdo es que existe un espíritu neoproteccionista que difícilmente se traduzca en precios más bajos. Más bien existen razones fundadas para imaginar lo contrario, utilizando información sobre la evolución de precios relativos a los consumidores durante la década de los noventa. Un análisis en tal sentido muestra un resultado por demás llamativo: los sectores que más beneficiaron a los consumidores por la vía de caída de precios reales (y hasta nominales) durante la década de los noventa, hoy están en primera fila de estos acuerdos «pro competitivos», que en realidad son «anticonsumidor».

Si tomamos a la Argentina de los últimos diez años, por ejemplo, la apertura comercial provocó para el consumidor un abaratamiento fenomenal de un amplio rango de bienes de consumo masivo y cuyas «características distributivas» son elevadas en el sentido de ser bienes consumidos mayoritariamente por los estratos medios y bajos de ingresos. Bienes tales como alimentos, ropa, calzado, útiles escolares, electrodomésticos, etc. cayeron en términos reales y hasta nominales en algunos casos, con un IPC que subió más de 50% desde el comienzo de la convertibilidad. Más todavía: según un trabajo mío elaborado en FIEL se encontró que, aun en medio de un aumento en la concentración del ingreso y del consumo, provocado por factores más cercanos al empleo y las disparidades en la capacidad de acceso al mercado de trabajo que a otras reformas estructurales, la apertura había cambiado los precios relativos de los bienes con un sesgo distributivo favorable a los pobres en el sentido de abaratar bienes primordiales en la canasta de los pobres como son la ropa y el calzado. Al margen del deterioro de los ingresos, los cambios en los precios relativos muestran claramente que los sectores más expuestos al comercio internacional y la apertura redujeron sus precios relativos en forma drástica con beneficios claros para los consumidores de menores ingresos.

Las implicancias de estos resultados es que la apertura no sólo es eficiente sino también ha traído efectos distributivos favorables por la vía de menores precios en bienes con características distributivas elevadas. El balance es positivo para los consumidores y para la asignación de recursos del país, aun existiendo ciertos casos puntuales de daño basado en prácticas desleales.