Según los asesores legales del ministro de Economía, y al analizar los tiempos judiciales del país, en realidad la decisión de la Corte implica a un solo caso puntual. Si bien es verdad que esta decisión aportaría jurisprudencia para el resto de las presentaciones judiciales, el impacto fiscal para el estado no sería inmediato sino que demandaría incluso por lo menos un trimestre más en repercutir en las cuentas públicas.
En números concretos, únicamente habría este año un incremento de entre 600 y 800 millones de pesos en el gasto para atender esta emergencia fiscal; lo que en principio podría cubrirse con el mantenimiento del ritmo de recaudación y con el superávit fiscal proyectado para todo 2002: unos $ 700 millones.
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